Leonel Durante López. Corresponsal
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 18 may (AMEXI).-El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), reveló este viernes que las 11 personas, una de ellas menor de edad, asesinadas el pasado domingo en el municipio de Chicomuselo, fronterizo con Guatemala, eran indígenas civiles que se resistían a trabajar para los cárteles del narcotráfico.
El estado de Chiapas, de población mayoritariamente indígena, está siendo arrasado por la violencia “generada por el control del territorio y el interés latente de continuar con la explotación minera por grupos criminales que han operado en total impunidad”, señaló el Frayba en un comunicado.
A diferencia de lo que manifestó hoy el presidente López Obrador en Tapachula que “Chiapas no está en llamas”, el Centro de Derechos Humanos precisó que desde hace tres años, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantienen una pugna por el control de las rutas del tráfico de migrantes, drogas y armas procedentes de Centroamérica que son introducidas por esta zona con dirección a Estados Unidos.
López Obrador en su conferencia manera de este viernes en Tapachula afirmó que el problema de seguridad en Chiapas se limita a una región que va “de Motozintla para arriba, Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Concordia”.
Por ello, miles de personas han sido desplazadas de sus localidades y se ha multiplicado el acoso a la sociedad, según las constantes denuncias de las organizaciones de la sociedad civil locales.
El Centro de Derechos Humanos, señala que las víctimas del municipio de Chicomuselo, seis hombres y cinco mujeres, “fueron asesinados de manera cruel y despiadado en sus hogares”. Siete pertenecían a la misma familia, cuya casa fue incendiada; dos de las mujeres quedaron calcinadas.
Todos ellos se resistían a dejar sus hogares a pesar de la violencia, amenazas y hostigamiento de los grupos criminales a sumarse a sus filas, afirmó el Frayba.
La Fiscalía Estatal informó de las 11 muertes hasta el martes, pero sin dar ningún detalle de lo ocurrido y sugiriendo que habían sido originadas por los enfrentamientos que hay entre grupos criminales.
Los representantes de la Iglesia Católica no especificaron qué minas pretenden explotar los cárteles del narcotráfico, pero señalamientos similares han tenido lugar en otros puntos de México dominados también dominados por el crimen organizado.
El Frayba exigió justicia y dejó muy claro que “es inconcebible la falta de acción de las autoridades, habiendo presencia del Ejército, Guardia Nacional y policía estatal”.
También en el estado de Chiapas fueron asesinados el jueves una candidata a alcaldesa y cinco personas más. Otro candidato a regidor fue localizado sin vida, junto a su esposa, en otro estado del sur de México, en la ciudad de Acapulco, indicaron el viernes autoridades estatales.
Con las muertes de estos dos políticos ya suben a 21 los candidatos y aspirantes que han sido asesinados desde febrero hasta la fecha en el medio del proceso para las elecciones generales del 2 de junio, que ya se perfila como una de las más violentas de la historia reciente.
En 2013, las autoridades del estado de Michoacán reconocieron que el cártel de los Caballeros Templarios se había hecho con el control de la minería de hierro en el estado y que su exportación a China era una de sus principales fuentes de ingresos.
El gobierno dijo el viernes que hay unos 30 mil elementos de las fuerzas de seguridad en el estado y que podría reforzar su presencia.
