La decisión de un juez del estado de Morelos de liberar a diez personas presuntamente vinculadas con el narcomenudeo, volvió a encender el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que se señalan mutuamente por fallas en la persecución del delito y en la impartición de justicia.
¿Qué detonó este nuevo episodio de confrontación institucional?
El lunes, un juez estatal ordenó la liberación de diez supuestos integrantes de una célula delictiva que operaba en el municipio de Emiliano Zapata, apenas horas después de que otro juzgador dejara en libertad a Adrián “N”, alias “El Belicón”, presunto operador del grupo criminal “Los Mayas” en el norte de Cuernavaca y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
¿Qué opina el gobierno estatal sobre estas resoluciones judiciales?
El secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, aseguró que estas decisiones perjudican los esfuerzos del gobierno en el combate al crimen organizado. Si bien evitó señalar directamente actos de corrupción, pidió al Poder Judicial revisar a fondo todos los casos, ante la sospecha que generan estas liberaciones consecutivas.
¿Dónde se realizaron los operativos y qué se aseguró?
Ambas acciones judiciales se llevaron a cabo en inmuebles de la colonia Modesto Rangel, en Emiliano Zapata, y en la colonia Lienzo del Charro, en Cuernavaca. Las autoridades aseguraron drogas, armas, vehículos con reporte de robo y equipo táctico. A pesar de ello, los detenidos fueron liberados tras considerar el juez que existieron irregularidades en las detenciones.
¿Qué plantea la Secretaría de Seguridad ante estas inconsistencias?
Miguel Ángel Urrutia, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, lamentó que los avances en la lucha contra la delincuencia se vean obstaculizados por resoluciones judiciales que invalidan operativos bien fundamentados.
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Además, llamó al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Emilio Elizalde Figueroa, a promover criterios homologados entre los jueces, ya que –afirmó– resulta “al menos sospechoso” que algunos validen cateos y detenciones, mientras otros, en los mismos casos, las anulan por supuestas fallas procesales.
¿Qué posición ha fijado la Fiscalía General del Estado?
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que impugnará ambas resoluciones y reiteró que las acciones operativas se realizaron con base en denuncias anónimas y con la autorización legal correspondiente, incluida la de jueces que otorgaron órdenes de cateo, lo que –insiste la FGE– valida la legalidad del procedimiento.
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