Habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, pidieron la intervención del ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, para resolver el conflicto legal que desde hace 10 años mantiene con órdenes de aprehensión a unos 200 comuneros por defender el rio Xangá Ndá Ge y su autonomía indígena.
Al menos 50 manifestantes se postraron en el edificio del Poder Judicial Federal de Boca del Río, Veracruz, para pedir la intervención del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abogado mixteco oaxaqueño.
Una década de lucha
“10 años, nuestra lucha por la Libertad, y la criminalización que sufrimos pasó desapercibida para usted como funcionario oaxaqueño, ahora que ocupa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le será imposible ignorar que una comunidad indígena de su propio estado ha sido torturada, reprimida, saqueada, encarcelada desplazada”, le expresaron.
De acuerdo con un comunicado a la opinión pública, se trata de mujeres indígenas de esa comunidad, las que vivieron en la calle para arrancar a sus presos políticos de las cárceles.
Los manifestantes afirman que a Aguilar Ortiz le será imposible ignorar que 14 hombres ganaron amparo desde hace 10 años, que la justicia oaxaqueña ignoró por acuerdos políticos, y de la tortura sistemática del antropólogo mazateco Miguel Peralta.
Señalan que continúa con la persecución y desplazamiento forzado de esas 14 personas, además de la reactivación de más de 200 órdenes de aprehensión en Eloxochitlán Flores Magón contra mujeres y hombres defensores comunitarios.
Acusan el cacicazgo liderado por la familia de la diputada morenista de Oaxaca, Elisa Zepeda y de Manuel Zepeda, que se enriquece con el despojo y destrucción del río mediante la violencia y el compadrazgo político para perseguir a quienes se les oponen.
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Aseguran que el reciente amparo judicial a favor del indígena de habla mazateca Francisco Durán Ortiz en el Juzgado Sexto de Distrito de Veracruz, criminalizado con delitos prescritos, y el logro de la libertad absoluta de la maestra Olga Maribel, sindicalizada de la sección XXII, les da la razón.
Afirman que se les fabricaron delitos de alto impacto para destruir su organización comunitaria, su identidad y para impedir la defensa de su territorio.
