Con el propósito de ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de contar con vivienda digna y accesible, Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Yucatán propuso regular los aumentos en el costo de la renta y proteger el derecho a la vivienda digna en la entidad.
La propuesta legislativa para una renta justa condiciona que los incrementos anuales no superen la inflación y que sean conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fijado por el Banco de México (Banxico), a fin de equilibrar la relación entre arrendadores y arrendatarios.
“Tener un techo no es un lujo, es la condición mínima para ejercer todos los demás derechos. Sin vivienda no hay estudio, no hay trabajo estable, no hay salud mental ni proyecto de vida”, argumentó ante el pleno la legisladora emecista Larissa Acosta Escalante.
Las consecuencias de la gentrificación
Explicó que la gentrificación trae consigo un aumento desproporcionado en los precios de la renta que ya no corresponden con la realidad salarial de la mayoría de la población, toda vez que un trabajador sólo puede destinar entre 30% y 50% de sus ingresos únicamente al pago de renta.
Mencionó que las familias enfrentan rentas elevadas, espacios más pequeños o alejados y aumentos anuales que, aunque en el papel rondan entre 6% y 9%, en la práctica llegan al 20 o al 25%, lo que obliga a muchas personas a elegir entre pagar más o abandonar su morada.
Detalló que la propuesta legislativa prevé la creación de la Ventanilla de Defensa del Arrendatario, un mecanismo gratuito y accesible que permitirá recibir quejas, conciliar conflictos, imponer sanciones y ordenar devoluciones inmediatas frente a abusos como cobros excesivos de depósitos, pagos indebidos o requisitos desproporcionados.
Al iniciar el segundo periodo ordinario del segundo año de la LXIV Legislatura, la bancada naranja, mediante su coordinador Javier Osante Solís, se pronunció a favor de redoblar esfuerzo para lograr la aprobación y ejecución de más iniciativas que beneficien a las y los ciudadanos.
El diputado recordó que hay más de 200 iniciativas presentadas por todos los partidos políticos en los periodos anteriores y que están archivadas, pero que plasman las necesidades y propuestas de la población del estado.
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