Gerardo Carmona Moreno. Corresponsal
Toluca, Edomex, 15 may (AMEXI).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar, señaló que los 32 estados tienen cuatro años, a partir del año pasado, para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el país, el cual –advirtió- puede resultar un retroceso para la justicia mexiquense, porque el marco legal de la entidad está más adelantado a éste procedimiento jurídico.
El titular del máximo tribunal mexiquense se pronunció de esa manera al participar en el acto inaugural del Cuarto Congreso de Justicia Familiar, que se realiza en en esta capital y que servirá como preparación y discusión para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el país.
Explicó que en 2018 se realizó una reforma al Artículo 73 de la Constitución, que le confirió al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de procedimientos civiles y familiares. A raíz de esto, el año pasado se expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y se dio un periodo de cuatro años para que lo implementen las entidades federativas.
A partir de esto, dijo Sodi Cuellas, los estados tienen varios retos que hay que resolver para su implementación, como la capacitación tanto del personal de los Tribunales y de los propios litigantes, por lo que en la entidad se implementó la impartición de cursos gratuitos a los abogados que deseen tomarlos.
Informó que en esta primera edición del curso se pudo aceptar el registro de 17 mil interesados, pero la Escuela Judicial estatal tuvo que suspender las inscripciones antes de la fecha límite, porque la demanda los rebasó, incluso tienen registros de abogados de otras entidades de la República.
“Tenemos ahorita un programa de 17 mil inscritos, una cantidad enorme, y tuvimos que suspender los registros porque ya no teníamos capacidad en nuestra plataforma. ¿Qué vamos a hacer?, nuevos cursos, vamos a abrir otro más y tantos como sean necesarios”, señaló el también presidente del Poder Judicial mexiquense.
Agregó que un segundo reto que deben resolver los estados es la ampliación de las capacidades tecnológicas. Expuso que el mismo Código impone a los tribunales estatales una serie de requerimientos tecnológicos que implican, también, la adaptación de la infraestructura ya existente.
“Por ejemplo, las salas de apelación deben tener salas de audiencia, ya no va a haber reenvío a primera instancia, sino que ahora también se pueden desahogar pruebas en segunda instancia y los tribunales de apelación requieren salas de audiencia, que no tienen”, indicó.
Refirió que en el Estado de México ya tienen previsto un plan maestro para la implementación de esta norma, el cual se aprobó en agosto del año pasado, el cual se está siguiendo al pie de la letra y contempla un plan de obra para ampliar la capacidad de los tribunales, el cual finalizará este mismo año.
Éste proceso contempla la completa construcción de las salas que se necesitan e incluso edificios completos, la instalación de sistemas de grabación de audiencias, de traslado de voz a texto, y plataformas con Inteligencia Artificial para preparar las sentencias en versiones públicas, en las que se cuiden datos sensibles de las personas involucradas.
El Congreso se realiza los días 15, 16 y 17 de mayo, en las instalaciones de la Escuela Judicial de la entidad, en Toluca, pero las participaciones podrán realizarse de manera híbrida (a distancia), para tener un alcance mayor.
