Oaxaca tipifica despojo inmobiliario agravado; servidores públicos enfrentarán hasta 40 años de prisión
El Congreso de Oaxaca aprobó una reforma al Código Penal estatal para tipificar el delito de despojo inmobiliario agravado cuando sea cometido por personas servidoras públicas, con penas de hasta 40 años de prisión y sin derecho a fianza.
El dictamen, avalado por el pleno de la Cámara de Diputados local, adiciona el Capítulo II Bis denominado “Corrupción Inmobiliaria”. Además, incorpora el artículo 208 Ter al Código Penal del estado.
Alcance de la reforma
La nueva disposición establece que comete este delito la persona servidora pública que, aprovechándose de su cargo, autorice, tolere o permita construcciones sin cumplir con requisitos legales en materia de uso de suelo, desarrollo urbano, impacto ambiental o protección civil.
También se sancionará a quienes autoricen niveles o superficies mayores a las permitidas, omitan inspecciones obligatorias o alteren resultados para encubrir irregularidades.
Las penas contemplan:
- Hasta 40 años de prisión
- Multa de 500 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
- Destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo equivalente a la pena impuesta
El artículo 208 Quáter prevé agravantes cuando las conductas generen daño ambiental, afecten a personas en situación de vulnerabilidad o produzcan beneficios económicos directos o indirectos para el funcionario o sus allegados.
Contexto: investigaciones por el llamado “Cártel del Despojo”
La reforma ocurre en medio de investigaciones relacionadas con el denominado “Cártel del Despojo”, esquema de presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha iniciado múltiples carpetas de investigación contra exfuncionarios, jueces y notarios por presuntos actos vinculados con despojo de inmuebles.
Autoridades estatales también informaron la cancelación y revocación de licencias notariales derivadas de procedimientos administrativos y penales en curso.
El gobierno estatal señaló que la reforma busca fortalecer el marco jurídico para prevenir actos de corrupción inmobiliaria y proteger el patrimonio de las familias.
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