Con la aprobación de la Ley de Expropiación del Estado, Oaxaca cuenta con un nuevo marco jurídico que armoniza la norma que estaba vigente desde 1950 con los estándares actuales en materia de derechos humanos, debido proceso y seguridad jurídica, y con ello evitar abusos y despojos de bienes.
En sesión ordinaria, el Congreso de Oaxaca aprobó el dictamen derivado de la iniciativa del Ejecutivo estatal que contempla etapas definidas dentro del procedimiento de expropiación, asegura el derecho de audiencia y permite la presentación de pruebas y alegatos.
Asimismo, busca fortalecer los mecanismos de indemnización mediante criterios objetivos que brindan certeza a las personas afectadas, y mejorar la coordinación con instancias registrales y catastrales para garantizar claridad en la situación jurídica de los bienes.
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Una necesidad social
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión Permanente de Administración Pública, Mónica Belén López Javier, explicó que esta nueva legislación responde a la necesidad de actualizar un ordenamiento desfasado frente a la realidad social, jurídica e institucional de la entidad.
Detalló que la nueva ley establece un marco normativo moderno que regula con precisión las causas de utilidad pública, define procedimientos administrativos claros y garantiza el respeto pleno a los derechos de las personas.
Además, apuntó, su diseño incorpora los avances constitucionales derivados de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que permite consolidar un esquema en el que la actuación del Estado se rige por principios de legalidad, transparencia y proporcionalidad.
A su vez, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Tania Caballero Navarro, dijo que esta ley representa un instrumento para recuperar bienes en favor del interés público y ampliar el acceso de la ciudadanía a espacios y servicios de salud y educativos, entre otros.
Indicó que la expropiación no busca despojar a las familias, sino restituir derechos y generar beneficios colectivos, como ocurrió con el Parque Primavera.
Utilidad pública
La nueva legislación establece un marco actualizado que incorpora nuevas causas de utilidad pública acordes con la realidad actual, y delimita con claridad las etapas del procedimiento mediante la diferenciación entre el Decreto de Utilidad Pública y el Decreto de Afectación.
Asimismo, garantiza el debido proceso con mecanismos de defensa para el respeto de los derechos de las personas y regula la ocupación en casos de urgencia bajo criterios estrictos.
También fortalece los esquemas de indemnización con metodologías objetivas, contribuyendo a un equilibrio entre el interés público y el respeto al derecho de propiedad.
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