Organizaciones emergentes de Yucatán llamaron a los legisladores federales a promover acciones legales que garanticen la protección de los acuíferos kársticos, que ocupan 20% del territorio nacional, pues en la Península de Yucatán constituyen una de las mayores reservas de agua dulce.
En la entrega de las propuestas de los Parlamentos Abiertos realizados en las últimas tres semanas en Congresos estatales y otros espacios de 16 entidades del país, los planteamientos de Yucatán establecen la urgencia de preservar y proteger los cuerpos de agua de los mantos freáticos, ríos subterráneos, grutas y cenotes de la región.
Las propuestas
En el Parlamento Abierto de Yucatán, celebrado el 14 de noviembre en la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, se acordó hacer llegar dicha petición al Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas que reforma, deroga y adiciona disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La representación yucateca destacó también la necesidad e importancia de consultar a los pueblos indígenas antes de otorgar concesiones o permisos de descarga que pudieran afectar su salud y bienestar.
Estos resolutivos se suman a los presentados por los parlamentos abiertos de otras 15 entidades federativas del país, mismos que se entregaron a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y al organismo similar del Senado, junto con la iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas que presentó el diputado José Narro.
En casi todos los Parlamentos Abiertos se recomendó la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales, por ser incompatible con el 4 Artículo Constitucional, que exige el acceso equitativo y sustentable al agua, mediante la participación ciudadana y gubernamental.
En otros estados
El parlamento abierto de Jalisco, realizado el 7 de noviembre, resolvió el reemplazo de los Consejos de Cuenca por Consejos Regionales que asegurarían la representación de pueblos y comunidades indígenas, núcleos agrarios, productores de granos básicos para la soberanía alimentaria, grupos afectados por la contaminación y escasez de las aguas.
En Zacatecas se resolvió que la infraestructura hidroagrícola debe regresarse a la Federación para así quitar el control ejercido por grupos caciquiles y hasta delictivos sobre los Distritos de Riego.
A su vez, en Oaxaca, los asistentes se pronunciaron a favor del derecho de los pueblos indígenas a la propiedad, uso y goce de las aguas en los territorios que habitan u ocupan según sus propias formas de gobierno, las cuales no podrán ser objeto de apropiaciones privadas ni de concesión sin su consentimiento.
En el Parlamento Abierto de Guerrero se resolvió que se debe exigir la restauración de sitios contaminados, pagados por el contaminador, bajo la vigilancia de la población local.
El gobierno federal aclaró que la iniciativa presidencial no pretende desaparecer a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Por el contrario, prevé fortalecer su papel institucional y técnico, y aclara que todos los usuarios que tienen un título vigente conservarán los derechos que les concesionó, pues ninguna ley es retroactiva.
La iniciativa presidencial prevé elevar las sanciones administrativas por el mal uso y manejo del agua y se tipifican los delitos hídricos, sin criminalizar a los usuarios.
También se establecen medidas para prevenir prácticas que afecten la distribución y disponibilidad del agua, especialmente las que lucran con la necesidad de este recurso o den lugar a actos de corrupción.
Lee: Diputados reciben iniciativa presidencial de reformas a Ley de Aguas Nacionales
