Organizaciones de la sociedad civil de Tijuana, se quejaron de la falta de apoyo gubernamental para atender a los migrantes deportados de Estados Unidos, debido a las redadas implementadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de California.
Esta medida del gobierno de Donald Trump, destacaron, ha incrementado el número de deportaciones hacia la frontera de Baja California, situación que les preocupa, pues son estas agrupaciones las que brindan atención humanitaria a las personas indocumentadas retornadas.
Integrantes de la Alianza Migrante, conformada por ocho albergues de Tijuana, señalaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y las organizaciones civiles, ya que —aseguraron— es la sociedad civil la que actualmente está absorbiendo los efectos de las políticas migratorias del gobierno estadounidense, sin apoyo suficiente del Estado mexicano.
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José María García Rodríguez, director del albergue Juventud 2000 y fundador de la Alianza Migrante, declaró que los albergues operan bajo una fuerte presión y con recursos limitados, enfrentando un flujo constante de personas deportadas que, en muchos casos, desconfían de las instituciones gubernamentales y recurren exclusivamente a las organizaciones civiles.
Los tres niveles de Gobierno no han brindado una respuesta eficaz a las deportaciones
“Las deportaciones han aumentado, pero los gobiernos no están brindando respuestas eficaces. Son las organizaciones quienes están dando refugio, alimento y atención médica. La sociedad civil es la que está resistiendo, pero no podremos hacerlo indefinidamente”, advirtió.
García Rodríguez señaló que la administración anterior en Estados Unidos dejó pendiente una deuda humanitaria con las comunidades migrantes, cuyos costos ahora están siendo asumidos por las redes de ayuda en la frontera norte de México.
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A doce años de su creación, la Alianza Migrante continúa siendo un eje fundamental en la respuesta humanitaria en la ciudad de Tijuana, ofreciendo albergue y atención integral a migrantes en situación de retorno, en tránsito o solicitantes de asilo en Estados Unidos.
No obstante, sus integrantes consideraron que sin una política integral de atención binacional, los esfuerzos de la sociedad civil podrían colapsar ante la creciente demanda.
