Servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF), entre juezas y trabajadoras que se trasladaban en una camioneta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fueron atacados por disparos de arma de fuego por policías ministeriales del estado.
En un comunicado, las funcionarias repudiaron enérgicamente los hechos y desmintieron versiones difundidas por medios locales, que indicaban que el operativo respondió a la ejecución de una orden de aprehensión.
Las funcionarias exigieron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se pronuncie sobre lo ocurrido y sobre las acciones que distintas corporaciones han emprendido en contra del personal del PJF, pues consideraron que la escalada de represión en su contra ha pasado de las amenazas agresiones físicas.
Además, se vinculó esta agresión con actos de discriminación ocurridos el día anterior en el Senado de la República, ya que integrantes del comité de diálogo del PJF fueron convocados por un grupo parlamentario para expresar sus inquietudes respecto a la recién aprobada reforma de «supremacía constitucional», pero se le negó la entrada al recinto legislativo por pertenecer al Poder Judicial.
Las trabajadoras del PJ iban al hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, para informar sobre los riesgos de las reformas legislativas en curso
Este incidente agrava las tensiones en un contexto ya marcado por conflictos entre el Poder Judicial y otras instancias del gobierno, en medio del debate sobre las reformas constitucionales que podrían afectar la independencia judicial.
De acuerdo con información oficial, una camioneta negra transitaba en el fraccionamiento cuando agentes de la Fiscalía solicitaron que se detuviera. Las ocupantes de la camioneta, al notar las armas largas de los oficiales, decidieron continuar avanzando, lo que provocó que uno de los policías disparara contra la llanta delantera izquierda para detenerla.
En este sentido, las funcionarias del PJF explicaron que la caravana en la que viajaban, la cual estaba integrada de puras mujeres, tenía como finalidad entregar alimentos, víveres y material informativo a familiares de personas internadas en el Hospital Civil «Dr. Gilberto Gómez Maza, para informar sobre los riesgos de las reformas legislativas en curso.
Después de los hechos, se identificó a las ocupantes como trabajadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF). Los oficiales y las personas involucradas dialogaron sobre la situación, aclarando que la acción fue producto de una confusión, por lo que ninguna de las funcionarias publicas fue detenidas tras el ataque.
Les marcaron el alto y al ver las armas largas no se detuvo la camioneta de las juezas y trabajadoras del PJ
Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, informó que detuvo a dos presuntos responsables del delito de Abuso de Autoridad, por los hechos ocurridos esta mañana en Tuxtla Gutiérrez.
También, destacó que inició las primeras investigaciones de los hechos registrados en la zona aledaña al Hospital General Gilberto Gómez Maza, donde presuntamente efectivos adscritos a la Policía de Investigación de la FGE, luego de marcar el alto a un vehículo -que no se detuvo-, accionaron sus armas de fuego, sin herir a ninguna pasajera.
El Órgano Investigador, informó que los presuntos responsables fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público que conoce de la Carpeta, para determinar su situación jurídica en las próximas horas.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) condenó la agresión en contra trabajadoras del Poder Judicial y exigió el esclarecimiento de lo sucedido y sancionar a los responsables.
Poder Judicial expresó su preocupación por el clima hostil que se ha creado en su contra
También, expresaron su preocupación por el clima hostil que se ha construido en contra de quienes integran el Poder Judicial de la Federación.
A las exigencias de la Jufed se sumó la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC), quienes pidieron investigar y sancionar a los responsables, al igual que fustigaron el actuar de las fuerzas del orden, cuyos elementos realicen ataques a la ciudadanía «sin medir el más mínimo procedimiento de legalidad y seguridad».
