En el municipio de Chalco, cuatro elementos de la unidad 573 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal llevaron a cabo el desalojo por la fuerza de una mujer y su hija de 12 años en un domicilio en la Avenida Guadalupe Posadas la noche del pasado jueves.
El desalojo ocurrió alrededor de las 20:52 horas, cuando los uniformados ingresaron sin orden judicial al inmueble ubicado en la manzana 100 de esta localidad.
Dos mujeres policías identificadas como Jessica Caballero y otra que omitió proporcionar su nombre lideraron el operativo, exigiendo a las ocupantes abandonar inmediatamente la vivienda. Testigos reportaron que los elementos las sacaron a empujones de la propiedad, mientras dos policías masculinos, entre ellos uno llamado Artemio Hernández, permanecían en el exterior resguardando la zona.
La afectada mostró a los uniformados un documento oficial del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) que demuestra que la señora que reclamaba la propiedad carece de derechos legales sobre el inmueble. Sin embargo, la policía Jessica Caballero desestimó el documento afirmando “para mí esto no vale nada”, según consta en grabaciones de los hechos.
Contexto de violencia familiar
El desalojo ilegal se enmarca en un contexto de violencia familiar previamente denunciado por la afectada. La menor de edad, quien minutos antes celebraba su cumpleaños, sufrió un severo shock emocional durante el operativo. Investigaciones posteriores revelaron que el cónyuge denunciado por violencia familiar había tomado fotografías a la niña sin su consentimiento el día anterior, además de amenazarlas previamente con un arma de fuego.
Especialistas en seguridad ciudadana consultados confirmaron que los policías municipales carecen de facultades legales para realizar desalojos sin orden judicial. El artículo 16 constitucional establece claramente que nadie puede ser molestado en su domicilio sin un mandamiento escrito de autoridad competente, fundamentando así la ilegalidad del procedimiento.
Las víctimas pueden solicitar la restitución inmediata de la posesión ante el Ministerio Público, mientras proceden las denuncias penales por despojo, allanamiento de morada y abuso de autoridad. La SCJN estableció jurisprudencia que obliga a las autoridades a restituir la posesión cuando el desalojo se realiza sin orden judicial.
Qué hacer si enfrentas un desalojo ilegal de tu vivienda
Ante los recientes casos de desalojos irregulares, expertos en derecho civil y defensores de derechos humanos comparten una guía práctica para proteger a las familias. El primer paso fundamental es no salir voluntariamente si no exhiben una orden judicial por escrito, pues la Constitución Mexicana protege el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
- Documenta todo inmediatamente
Graba audio y video de todo el procedimiento sin confrontar físicamente a los involucrados. Solicita los nombres y números de placa de todos los policías presentes, y exige ver la orden judicial original. Esta evidencia será crucial para cualquier proceso legal posterior.
- Conoce tus derechos constitucionales
El artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su domicilio sin un mandamiento escrito de autoridad competente. Los policías municipales no pueden decidir sobre conflictos de propiedad -esa función corresponde exclusivamente a un juez. Mostrar escrituras no justifica un desalojo inmediato.
- Actúa rápido con las autoridades
Llama inmediatamente al 911 para reportar abuso de autoridad. Acude a la Fiscalía o Ministerio Público a presentar querella por despojo (artículo 395 del Código Penal Federal). Solicita expresamente la restitución inmediata de la posesión, una medida cautelar disponible para estos casos.
- Busca protección jurídica
Si el desalojo ya ocurrió, interpon un juicio de amparo indirecto para restablecer tu derecho a la vivienda. Acude a la Comisión de Derechos Humanos de tu estado para que documenten las violaciones. Muchas universidades y organizaciones civiles ofrecen asesoría jurídica gratuita en estos casos.
- La vía legal correcta
Los conflictos de propiedad o posesión deben resolverse mediante juicios civiles de desahucio o desocupación, nunca mediante la fuerza pública. La Suprema Corte ha establecido jurisprudencia que protege a los poseedores de buena fe contra desalojos arbitrarios, incluso cuando existen disputas familiares sobre la propiedad.
Finalmente, recuerda que la posesión de muchos años, los acuerdos verbales familiares y la copropiedad generan derechos protegidos por ley. Ninguna autoridad puede desalojarte sin seguir el procedimiento legal establecido, sin importar qué documentos muestren otras personas.
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