Existe una continuidad histórica del despojo de los territorios de los pueblos, desde la colonización hasta la imposición actual de los polos de desarrollo implementados por los gobiernos, en complicidad con empresas y crimen organizado, de acuerdo al pronunciamiento de pueblos y comunidades del sur-sureste.
Pueblos, comunidades, y organizaciones de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla se reunieron los días 13 y 14 de septiembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para compartir sus luchas y dolores.
También para profundizar en las estrategias de defensa territorial de la región sur-sureste que fortalezcan acciones las conjuntas frente a los mecanismos de despojo que provocan sufrimiento y muerte.
En su pronunciamiento final externaron que, a pesar de las agresiones, la violencia y el despojo que han sufrido durante décadas, los grandes capitales, el crimen organizado y los gobiernos no han logrado doblegar a sus pueblos.
Consideraron que gracias a la organización comunitaria lograron detener megaproyectos, desalojos y actos de violencia.
Sin embargo, lamentaron que la defensa de sus territorios tenga costos muy altos: el asesinato de compañeras y compañeros comprometidos con la justicia social, además de desapariciones, amenazas y agresiones.
“La maquinaria de la represión sigue operando en los gobiernos sean del color que sean”, aseguraron.
Denunciaron que gobiernos, empresas y crimen organizado conforman una triada de poder para imponer megaproyectos y despojar los territorios, operando con total impunidad en la región sur-sureste.
Ejemplos de ello son:
En Oaxaca, los llamados polos de desarrollo y el proyecto interoceánico han traído criminalización contra personas defensoras, militarización y fortalecimiento del crimen organizado.
En Chiapas, los proyectos mineros pretenden abarcar más de 85 mil hectáreas del territorio Zoque, con graves afectaciones ambientales y sociales.
Además, la imposición de la carretera de “las culturas mayas” San Cristóbal-Palenque, se le suma el polo de desarrollo Frontera Sur que busca administrar la movilidad internacional de personas y el impulso de industrias estratégicas (turismo y energéticas), a través del terror para el despojo.
En Guerrero, la imposición de proyectos mineros y turísticos han roto el tejido social y acrecentando la violencia en contra de comunidades organizadas en defensa de la vida.
Asimismo, la turistificación, la construcción de autopistas y nuevas infraestructuras sólo han servido para profundizar el extractivismo y garantizar ganancias a las empresas, a costa de la división y el desplazamiento de las comunidades.
Aseguraron que el gobierno federal, a través de programas sociales y asistenciales, ha debilitado la organización comunitaria construida durante décadas, además de intentar cooptar a las asambleas y líderes comunitarios.
Opinaron que la Cuarta Transformación es la continuidad para el saqueo de los territorios: no se cancelaron concesiones mineras ni megaproyectos extractivos; al contrario, se profundizaron para favorecer a los grandes capitales.
En su pronunciamiento, los pueblos y comunidades del sur-sureste sostuvieron que el modelo de “desarrollo” impuesto únicamente ha generado dependencia, erosión cultural e identitaria, desigualdad y devastación ambiental.
También, que el modelo que está atravesado por el patriarcado y el colonialismo reproduce violencias contra las mujeres, niños, niñas, y adolescentes, y que refuerza desigualdades históricas.
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