La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su división de migración y conflictos sociales, reconoció a Oaxaca como líder mundial al avanzar y solucionar en definitiva el desplazamiento forzado de mil familias de la zona mixe, a las que grupos armados cuales habían obligado a abandonar su territorio.
Tras ser forzadas a dejar violentamente su comunidad de origen en la zona mixe de Oaxaca hace ocho años, debido a un conflicto agrario, hoy retornaron 63 familias de desplazados indígenas.
El regreso pacífico de un total de 97 personas —la mayoría mujeres y huérfanos— al municipio de San Juan Juquila Mixe fue atestiguado por el gobernador Salomón Jara y representantes de la ONU, además de funcionarios estatales y elementos de las fuerzas de seguridad.
Reconocimiento internacional y buenas prácticas
Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, admitió durante el Segundo Encuentro Nacional sobre Buenas Prácticas y Coordinación Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Interno en México, el valor del trabajo colectivo realizado por el gobierno estatal para poner fin a una disputa por destierro que databa de hace más de 20 años.
Gaviria Betancur dijo que la labor de escucha a las comunidades originarias que se encuentran en esa situación permitió aprobar la ley en la materia en septiembre pasado para garantizar sus derechos. “No conozco un proceso tan cuidadoso en este sentido”, afirmó ante representantes de 13 estados del país, instituciones federales y agencias internacionales.
Asimismo, señaló que, con las acciones logradas, Oaxaca avanza hacia políticas públicas que protegen los derechos de las personas desplazadas, promueven la reparación integral y trabajan para garantizar que ninguna persona obligada a abandonar su hogar quede sin atención institucional.
Explicó que este fenómeno es una realidad compleja originada por diversos factores, como conflictos comunitarios, violencia, disputas territoriales, proyectos económicos o desastres derivados del cambio climático.
Desplazamiento forzado: retos de coordinación nacional
Resaltó que en México existen otros 130 conflictos vigentes por desplazamiento forzado, como los casos reportados en Chiapas y Michoacán.
En estos casos, urge fortalecer los mecanismos de coordinación entre los estados, la federación y los organismos internacionales, ya que la atención al desplazamiento interno requiere enfoques multidisciplinarios, marcos normativos claros, modelos de intervención comunitaria y capacidades institucionales consolidadas.
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Desplazamiento forzado por violencia agraria
En Oaxaca aún hay cinco mil indígenas víctimas de destierros y desplazamiento comunitario interno en 22 conflictos sociales y agrarios, de los cuales existen 156 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la ONU para lograr su retorno seguro.
Tan solo en la región triqui se concentra la mitad de estos desplazados, entre ellos los habitantes de San Juan Copala, desterrados por una disputa interétnica entre organizaciones sociales rivales que pelean por el territorio.
La larga crisis en la zona triqui
Elfego Reyes, representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), afirmó que desde los años ochenta a la fecha hay más de siete mil personas víctimas de desplazamiento forzado.
El último caso ocurrió en 2010, cuando los pueblos de San Juan Copala y San Miguel Copala fueron objeto de violencia ejercida por paramilitares, lo que causó desplazamientos masivos a la ciudad de Oaxaca. Actualmente, las víctimas se encuentran en refugios y con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un segundo caso se reportó en 2020 con la comunidad de Tierra Blanca Copala, donde “una vez más el pueblo triqui tuvo que abandonar sus hogares, dejando atrás no solo tierras y casas, sino también sueños, costumbres y vidas truncadas por el abandono del Estado”.
Víctimas de la violencia y el abandono
Previamente, en 2019, se reportó el desplazamiento forzado de 32 familias de San Esteban Atatlahuca por la disputa y explotación de un bosque. En este caso hay una activista desaparecida, Irma Galindo Barrios, cuyo paradero desconoce la policía desde 2021.
En esta misma zona, una niña desplazada de origen mixteco de tres años, llamada Benita Hernández Bautista, falleció a causa de diarrea y desnutrición por falta de médicos y alimentos, denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI).
Flor Estela Morales Hernández, coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Ejecutivo (CADH), señaló que Oaxaca es uno de los estados con mayor número de casos de desplazamiento interno forzado. La instancia que representa tiene documentados 23 casos ocurridos en los sexenios de Alejandro Murat, Ulises Ruiz y Gabino Cué, cuyas principales causas fueron la violencia generada por conflictos agrarios, políticos y sociales.
Iniciativa de ley y justicia ante el desplazamiento forzado
En Oaxaca ya se sanciona y castiga el desplazamiento forzado como delito grave, con penas de hasta 40 años de cárcel sin derecho a fianza.
El estado acaba de lograr el primer caso de éxito con el retorno de 63 familias desplazadas del municipio de San Juan Juquila Mixe, tras una disputa agraria por 44 hectáreas de bosques. Este conflicto dejó una estela de odios y al menos 30 crímenes, además de 78 familias desplazadas. El gobierno de Oaxaca logró retornar a la mayoría mediante una política de reconciliación.
Un modelo de paz exportable
La ONU vio el caso con optimismo. Ahora buscará replicar el modelo de Oaxaca para dar solución definitiva a 90 conflictos reportados en Colombia, El Salvador, Marruecos y Belice, además de Haití y Costa Rica.
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