Por Jesús Mejía. Corresponsal
Mérida, Yuc., 29 mar (AMEXI).- Yucatán se convirtió en el estado número 22 del país al aprobar su Congreso normativas para el reconocimiento a la identidad de género, en beneficio principalmente de las personas trans para que puedan ejercer plenamente todos sus derechos.
La diputada Karla Franco Blanco presentó hace casi un año la propuesta para modificar la Ley del Registro Civil y hoy, ante la comunidad LGBTQ+ de Yucatán, fue aprobada por la representación popular, lo que constituye, dijo, el progreso de la sociedad en términos de inclusión, tolerancia y desarrollo.
Con la nueva ley de identidad de género, las personas trans ya no tendrán que recurrir a juicios de amparo, procedimientos judiciales tardados y costosos a fin de hacer valer a plenitud sus derechos.
“Una sociedad incluyente no establece privilegios, tratos diferentes, ni diferencias entre personas, por ningún motivo; por tanto, desde la norma, se deben eliminar todo tipo de barreras culturales y sociales; salvaguardando el derecho a la igualdad y no discriminación reconocidos en los artículos 1º. y 4 de la Constitución Mexicana”, destacó la legisladora.
En tribuna, explicó que la reforma establece el procedimiento administrativo para la expedición de una nueva acta de nacimiento, únicamente con la solicitud correspondiente ante el Registro Civil de la persona interesada que manifieste de manera libre, voluntaria e informada se reconozca su identidad de género.
“Es un procedimiento ágil y sencillo, que garantice que la autodeterminación sea el único elemento para determinar la identidad de las personas, sin que se requiera de una prueba pericial o dictamen para la comprobar la reasignación de sexo”, sostuvo Karla Franco.
De esta manera, abundó, las personas interesadas en realizar este procedimiento ya no tendrán que recurrir a juicios de amparo, procedimientos judiciales tardados y costosos a fin de hacer valer a plenitud sus derechos.
La diputada recordó que el 26 de agosto de 2021 Yucatán dio pasos significativos en la protección de los derechos humanos de la población LGBTQ+ al reconocer el matrimonio igualitario y reformar posteriormente el Código de Familia y las normas civiles locales.
Miembros de la comunidad LGBTQ+ estuvieron presentes en el Congreso y respaldaron eufóricos la aprobación de la propuesta por legisladores del PRI y PAN, principalmente.
