Sandra Camacho Flores, activista social y excandidata a la presidencia municipal de Temoac, asesinada este jueves en ese municipio morelense, había denunciado desde mediados de 2025 el incremento de la violencia y la presencia de grupos delictivos en la región, además de advertir que su vida estaba en riesgo debido a sus señalamientos públicos.
A través de un video difundido en redes sociales, Camacho Flores solicitó directamente a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, la intervención de fuerzas federales, en particular el ingreso de la Guardia Nacional, ante el aumento de delitos como extorsión y secuestro en la zona.
Señalamientos directos y contexto político local
En el mismo material audiovisual, la denuncia se hizo ante el entonces alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, quien posteriormente fue señalado por presuntos vínculos con grupos delictivos. Estas acusaciones cobraron mayor relevancia cuando se dio a conocer que su tesorera, Andrea Angelina “N”, quien además es su suegra, fue identificada como presunta líder del grupo criminal conocido como Los Aparicio.
La detención de Andrea Angelina “N”, a quien también le aseguraron armas, generó una serie de cuestionamientos sobre la administración municipal y su posible relación con actividades ilícitas.
Ataques y licencia del alcalde
En medio de este escenario, también atacaron con armas a Lavín Romero fue víctima, quien resultó prácticamente ileso, hecho que derivó en que solicitara licencia al cargo en febrero pasado, en un contexto marcado por la violencia y las acusaciones.
Estos antecedentes forman parte del entorno en el que se desarrolló el asesinato de Sandra Camacho Flores, ocurrido al interior de su domicilio, donde la atacaron dos sujetos armados.
Investigación bajo protocolo de feminicidio
Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se investigará el caso bajo los lineamientos del Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.
La dependencia aún no da a conocer avances específicos en la indagatoria ni posibles líneas de investigación.
Condena oficial y promesa de justicia
Por su parte, el gobierno de Morelos condenó el asesinato. La administración estatal aseguró mantener coordinación entre los tres órdenes de gobierno para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.
El Poder Ejecutivo estatal expresó su solidaridad con familiares y allegados de la víctima mediante un comunicado. El documento reiteró que en Morelos no habrá impunidad frente a actos de violencia y subrayó la aplicación firme de la ley.
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