Procesan a 24 personas por presunto secuestro de alcaldesa en Oaxaca
Un juez penal vinculó a proceso a 24 personas por su presunta participación en el secuestro de la alcaldesa de San Agustín Amatengo, en Oaxaca, el pasado 24 de febrero en inmediaciones del Congreso local.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, entre las personas imputadas hay 13 mujeres y 11 hombres, quienes fueron detenidos tras un operativo de seguridad desplegado luego de los hechos.
| Hechos: versión ministerial bajo investigación
Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en el recinto del Congreso del Estado de Oaxaca, donde se discutía la revocación de mandato de la alcaldesa.
La Fiscalía sostiene que, tras votarse en contra de esa medida, un grupo de personas ingresó al lugar y habría privado de la libertad a la presidenta municipal. Asimismo, la habría obligado a subir a un vehículo para sacarla del sitio.
Esta versión forma parte de la acusación ministerial y será materia de prueba durante el proceso judicial.
| Detenciones por el secuestro de la alcaldesa en Oaxaca
Tras el incidente, autoridades estatales desplegaron un operativo con participación de corporaciones locales y federales.
En el despliegue intervinieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como fuerzas federales como la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.
El operativo permitió ubicar el vehículo señalado y rescatar a la alcaldesa, además de detener a las 24 personas.
| Delitos imputados y situación jurídica
El Ministerio Público imputó a los detenidos los delitos de secuestro y violencia política por razón de género.
El caso quedó en manos de un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quien determinará en audiencia la situación jurídica de los implicados.
Hasta este momento, no existe sentencia y las personas detenidas mantienen la presunción de inocencia.
| Contexto político del conflicto
El incidente ocurrió en medio de un proceso político local marcado por tensiones en torno a la permanencia de la alcaldesa en el cargo.
La discusión sobre su revocación de mandato evidenciaba un conflicto previo en el municipio, que ahora se traslada al ámbito penal.
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