Fuerzas federales y estatales confirmaron que la síndica municipal de Cintalapa, Sally Gallardo Núñez, fue detenida como parte de una serie de acciones contra presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos y el funcionamiento del sistema de seguridad municipal.
La aprehensión la realizaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes dieron cumplimiento a una orden judicial en contra de la funcionaria, quien también es militante de Morena.
Síndica de Cintalapa detenida también por afectar el sistema de seguridad pública
De acuerdo con la Fiscalía, Sally Gallardo Núñez enfrenta cargos por abuso de autoridad y delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en agravio del erario municipal.
La autoridad ministerial precisó que, en su calidad de síndica municipal, la funcionaria autorizó y permitió pagos con recursos públicos a policías municipales que no contaban con la certificación de control de confianza obligatoria.
Además, se le atribuye omitir denunciar hechos, no suspender los pagos ni detener la conducta irregular, lo que derivó en un daño patrimonial y en una vulneración directa al sistema de seguridad estatal.
Detuvieron también al alcalde y al tesorero
La detención de la síndica se suma a las aprehensiones previas del alcalde de Cintalapa y del tesorero municipal, Reynol Valencia Cruz, el pasado 6 de enero, por malversación de recursos públicos.
Con estos arrestos, tres integrantes clave del ayuntamiento se encuentran bajo proceso penal, lo que generó un escenario de crisis institucional en el gobierno municipal.
Contexto regional de violencia y presión institucional
Las acciones judiciales se intensificaron a 13 días de la quema de dos bares en el municipio de Villaflores, hechos que dejaron ocho personas muertas, siete personas privadas de la libertad y una mesera sin vida tras el incendio del establecimiento.
Aunque las investigaciones son independientes, el contexto de violencia extrema en la región Frailesca incrementa la presión sobre autoridades locales y acelera los operativos de revisión institucional en municipios cercanos.
La Fiscalía del Estado informó que las investigaciones continúan y que no se descartan nuevas órdenes de aprehensión, conforme avancen las indagatorias.
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