Puerto de Progreso: tribunal ordena detener dragado por falta de permisos ambientales y de consultas
Suspenden obras de ampliación del Puerto de Altura de Progreso por orden del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del 14º Circuito. La medida responde al juicio de amparo 1919/2025, promovido por los abogados Juan Andrés Medina Rejón y José Alfredo Uicab Panti.
Medina Rejón y Uicab Panti solicitaron la suspensión en representación de comunidades de Progreso, Chicxulub Puerto y Chelem, que denuncian la ausencia de consulta pública y de un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) autorizado por la Semarnat.
El Tribunal Colegiado concedió la suspensión provisional y ordenó frenar de inmediato los trabajos de dragado y relleno de más de 80 hectáreas.
Megaproyecto en disputa
El dragado forma parte de la ampliación y modernización del recinto portuario, con una inversión superior a 12 mil millones de pesos, en su mayoría federales. El plan incluye:
- Una plataforma de 80 hectáreas
- Un astillero de alta tecnología
- La modernización del canal de navegación
- Una posible conexión ferroviaria con el Tren Maya
Con estas obras, autoridades estatales y federales pretenden convertir a Progreso en un centro logístico internacional, capaz de recibir buques de última generación y competir con otros puertos del Atlántico y el Caribe.
Suspenden obras de ampliación como medida de protección ambiental
Los colectivos quejosos sostienen que el dragado ya ha generado alteraciones en el fondo marino y que amenaza la pesca ribereña. Denuncian que el proyecto se inició sin consulta a las comunidades y sin autorización ambiental.
El recurso legal busca proteger tanto los ecosistemas costeros como el derecho de las comunidades a ser escuchadas. La medida cautelar está dirigida a la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) y a la Secretaría de Marina, responsables de la ejecución.
Especificaciones técnicas, impactos sociales
El proyecto considera construir un canal de navegación de hasta 13.3 metros de profundidad, 180 metros de ancho y más de 8 kilómetros de longitud. La dársena tendría un diámetro cercano a 600 metros. Las autoridades proyectan concluir las obras a finales de 2025.
La presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha los trabajos en un acto oficial realizado en el puerto el pasado 26 de abril del presente año.
Pero mientras los dueños de los planos hablan de competitividad y comercio exterior, las comunidades ribereñas insisten en que el costo ambiental y social no ha sido evaluado. La suspensión provisional no es el final del proyecto, pero sí un recordatorio: ningún megaproyecto debe avanzar sin cumplir con la ley ambiental ni sin escuchar a las comunidades afectadas.
