Con 72 votos a favor, una abstención y dos en contra, el Pleno del Congreso mexiquense eligió a Víctor Leopoldo Delgado Pérez como el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para los próximos cuatro años.
Después de poco más de un mes de que venció el término que los diputados mexiquenses tenían para designar al nuevo titular del organismo, pues la ley señala que debió tomar protesta el 21 de agosto pasado, este miércoles 24 se designó al noveno titular de dicho organismo en territorio mexiquense.
Tras rendir protesta en el Pleno del Congreso, Delgado Flores, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y carrera en el organismo desde 1997, subrayó que la colaboración con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial será parte del trabajo cotidiano.
Sostuvo que la autonomía del organismo “se defenderá a capa y espada”, sin subordinarse a acuerdos políticos, sino que garantizará que las recomendaciones emitidas a autoridades estatales y municipales se cumplan y tengan un seguimiento efectivo.
Delgado Pérez indicó que entre sus prioridades está revisar el funcionamiento de las 13 visitadurías generales, con énfasis en ampliar la cobertura en temas sensibles, como la violencia de género, los derechos de periodistas y la atención a comunidades marginadas.
Además, ofreció total transparencia en el uso de los recursos, continuará con la agenda feminista y de género, trabajará con organizaciones civiles para reforzar la cultura preventiva en materia de derechos humanos.
Plantean sanciones de hasta ocho años de prisión por fabricación de pruebas
El diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, presentó ante el pleno de la LXII Legislatura una iniciativa para tipificar y castigar con mayor severidad la falsificación de pruebas en procesos penales, pues se trata de una práctica que deriva en condenas injustas contra inocentes en el Estado de México.
La propuesta de reforma al Código Penal y a la Ley de Responsabilidades Administrativas prevé sanciones de tres a ocho años de prisión y de 100 a 500 días multa para quien incurra en esta conducta, además de la destitución e inhabilitación en caso de tratarse de servidores públicos.
“La realidad jurisdiccional revela que Ministerios Públicos, peritos, policías de investigación, incluso jueces, han llegado a introducir o alterar pruebas por corrupción, abuso de poder o presiones institucionales, afectando principalmente a los imputados”, señaló.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense para su análisis y dictamen.
