Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) vinculó a proceso sólo a uno de tres exfuncionarios del DIF Estatal, implicados en la muerte por ahogamiento de dos niñas migrantes originarias de Haití.
El imputado es el jefe del departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, centro de tránsito adscrito al Sistema DIF Estatal.
En ese lugar pierden la vida dos niñas extranjeras que cayeron al fondo de una fosa séptica al jugar en el patio del refugio.
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¿Por cuál delito vinculan a proceso al exfuncionario del DIF?
El imputado obtuvo un fallo en contra del juez por el delito de homicidio culposos por omisión, por lo que le negaron el derecho de fianza y libertad condicional.
De esta manera el exfuncionario fue recluido en el penal de San Francisco Tanivet, en Tlacolula de Matamoros.
En la fase de alegatos, su defensa trato de evadir la responsabilidad del imputado, a quien se le comprobó que tuvo un memoradum, donde se le pide reparar las tapas de dos coladeras de la fosa séptica.
Dicho documento se expidió en mayo de 2025, pero el implicado no cumplió con sus deberes a pesar de tener el presupuesto para cubrir las reparaciones.
¿Qué señala la carpeta de investigación?
De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGEO), las víctimas eran niñas en contexto de movilidad y bajo resguardo institucional.
La situación migratoria de las menores implicaba un deber reforzado de cuidado por parte de quienes estaban a su cargo su seguridad.
En ese sentido, el imputado ostentaba la calidad de garante respecto a la integridad física y la vida de las niñas, especialmente desde una perspectiva de género y de protección integral de la infancia.
¿Qué señala el Código Penal de Oaxaca?
Con base en lo establecido en el Código Penal Vigente para el Estado de Oaxaca, el delito que se atribuye corresponde a homicidio culposo por omisión.
Este delito se configura cuando una persona obligada legal o contractualmente a proteger no actúa para evitar un resultado lesivo, pese a tener la posibilidad real de hacerlo.
Las indagatorias establecen que el imputado contaba con capacidad física y material para intervenir; sin embargo, su inactividad permitió la consumación de los hechos.
Cabe señalar que, tratándose de niñas, niños y adolescentes especialmente en situación de vulnerabilidad por su condición de extranjeras y bajo tutela institucional, la FGEO garantiza el interés superior de la niñez durante el proceso legal.
Situación legal de dos exfuncionarios más relacionados con los hechos
Con respecto a la situación legal de los otros dos exfuncionarios relacionados con estos hechos, el juez determinó una sanción administrativa y pecunaria.
Se trata de la exdirectora general del DIF, Maribel Salina; la exdirectora, Brenda Dalia Moreno González, y la Coordinadora del albergue Casa Pato, Elizabeth Zarate García.
Por lo pronto las funcionarias fueron cesadas y están en espera de su resolutivo por parte de la Contraloría derivado a que incumplieron en sus labores y violentaron el protocolo de cuidado de las menores y familias refugiadas en el albergue.
