Ciudad de México, 27 mar. (AMEXI).- Hoy se cumple un año de la tragedia que ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023, cuando 40 hombres murieron y 42 personas más sobrevivieron al incendio, 27 hombres y 15 mujeres, en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y hasta la fecha no hay ningún funcionario sentenciado.
Además, Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) sigue en libertad y no ha sido removido del cargo.
Organizaciones no gubernamentales encabezadas por la Fundación para la Justicia destacaron en un análisis que “se cumple un año de uno de los peores crímenes de Estado contra la población migrante y con necesidades de protección internacional, debido al incendio en la estancia migratoria del INM de Ciudad Juárez, Chihuahua”.
A la fecha no hay ninguna sentencia ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, sólo promesas, omisiones, simulación y un responsable -Francisco Garduño Yáñez- vinculado a proceso en funciones, quien cínicamente presume acciones de protección civil dentro de las estaciones migratorias.
Las principales instancias involucradas en los procesos de reparación del daño y acceso a la justicia: el INM, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) han sido omisas e indolentes con todas las personas afectadas, llegando incluso a no reconocer a algunas de ellas como víctimas a pesar de las diversas afectaciones que enfrentan después de la tragedia.
“El INM no sólo estuvo a cargo del cuidado de los sobrevivientes, revictimizándolos y amedrentándolos si aceptaban el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil; también ha negociado con gobiernos y representantes de las víctimas la reparación del daño, y ha anunciado montos económicos para las familias de los fallecidos -poniéndolas bajo riesgo de extorsión en sus países de origen-, sin ser su facultad y sin que nadie frene su actuar”, apuntaron.
Además, ha tratado de limpiar su imagen anunciando que pintarán las estaciones migratorias, pero eso no basta para mejorar las condiciones de detención y evitar las muertes de personas en su custodia, como ocurrió hace unas semanas en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, donde han muerto dos personas en movilidad bajo circunstancias poco claras.
También la CEAV ha sido laxa en sus responsabilidades al dejar al INM los procesos de reparación del daño, además de incurrir en omisiones dentro de su actuar al no realizar evaluaciones individuales para los procesos de reparación integral del daño, como lo establece la Ley General de Víctimas.
A la fecha, ninguna de las 42 personas sobrevivientes ha recibido una reparación; las familias de los fallecidos sólo han firmado documentos, pero no ha concluido el proceso y ninguna de las mujeres sobrevivientes ha sido reconocida como víctima.
Las organizaciones señalaron que la FGR y el PJF han tenido pocos avances sustanciales en el proceso penal.
Actualmente hay 11 personas vinculadas a proceso, entre ellas, el excoordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, quien se encuentra prófugo.
Está el caso del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien sigue al frente de la institución y en septiembre de 2023 buscó enterrar la tragedia para diluir su responsabilidad con una “solución alterna”, que lo absolverá de cualquier responsabilidad. Hasta hoy, no existe ninguna sentencia condenatoria en contra de los responsables, advierten los afectados.
Por tal motivo, dicen, hacen un llamado a la FGR y a los jueces de Control del Poder Judicial de la Federación para dejar de obstaculizar la defensa de las víctimas directas e indirectas en el proceso judicial, el proceso judicial en el caso y desvincular al comisionado del INM de sus funciones para que exista una investigación y proceso penal independiente, imparcial y exhaustivo.
