Ciudad de México, 21 abr. (AMEXI).- En el país hay casi 400 mil desplazados por la violencia que carecen de apoyos y protección del Estado mexicano, porque la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno está en la “congeladora” del Senado de la República desde 2020, expusieron especialistas y activistas.
La minuta fue aprobada desde 2020 en la Cámara de Diputados y desde entonces el Senado no considera prioritario este tema que afecta a miles de mexicanos que huyen del acoso, de la violencia, del crimen organizado, sobre todo en zonas rurales de diversos estados del país y que no cuentan con un marco legal e instituciones que los protejan.
Los cuatro motivos de este éxodo masivo de mexicanos son desaparición u homicidios de un familiar, presencia del crimen organizado, inseguridad y amenazas de extorsión. Entre 2008 y 2021, alrededor de 379 mil personas huyeron a otros estados o hacia Estados Unidos, debido a la violencia.
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Óscar Rodríguez Chávez, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), puntualizó que, de manera general, cuando se habla de personas en movilidad forzada, se refiere a aquellas que han tenido que escapar o huir de su lugar de residencia habitual, como efecto de conflictos armados o violencia generalizada, así como por efectos de catástrofes naturales o provocadas.
Las cifras de México
En México, de acuerdo a estimaciones, existen 386 mil personas que han sido desplazadas de manera interna a causa de la violencia y conflictos bélicos. Los principales estados de origen de estos desplazados son Michoacán, Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.
Emiliano Díaz Carnero, investigador por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), en el Colef Unidad Ciudad Juárez, expresó que en el desplazamiento forzado interno la responsabilidad de protección recae en el Estado nacional.
Asimismo, añadió, en los tres niveles de gobierno, los tres poderes, órganos autónomos, sociedad civil, medios de comunicación, centros de investigación, instituciones religiosas, en general todos los sectores de la sociedad.
Destacó los resultados de la Encuesta a Mexicanos Desplazados internos solicitantes de asilo (2022), realizada en Ciudad Juárez. Algunos de los datos en los que puso mayor énfasis fueron los motivos del desplazamiento.
“Las cuatro con mayor porcentaje son desaparición u homicidios de un familiar, presencia del crimen organizado, inseguridad y amenazas de extorsión”, precisó.
De igual manera, comentó que la energía de distintos sectores de la sociedad, nacional e internacional, pareciera que está enfocada en la atención de migrantes internacionales y no se visibiliza y pareciera que no se legisla para construir políticas de protección para población mexicana en desplazamiento.
En este contexto, la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión exhortó al Senado de la República para que dictamine dicha minuta aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2020. Sin embargo, el dictamen no se encuentra entre los pendientes para aprobar antes del 30 de abril de este 2024.
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“El desplazamiento forzado interno es un fenómeno complejo que afecta a una parte de la población mundial. De acuerdo con la información del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), la cantidad de personas que vive en situación de desplazamiento alcanzó la cifra récord de 55 millones al 31 de diciembre de 2020”.
Sólo entre junio y julio de 2023, el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán informó del desplazamiento de más de 800 personas en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, debido a enfrentamientos entre grupos armados, entre ellos, del crimen organizado.
“A pesar del reconocimiento y la gravedad del problema del desplazamiento forzado interno en México, aún no se tiene una política nacional que atienda de forma integral a las víctimas y tampoco se cuenta con una ley en la materia”, reconoció un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
