La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión, tras hallarlo culpable de conspiración para la rebelión por ordenar la disolución del Congreso, el 7 de diciembre de 2022.
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Aunque la lectura íntegra de la sentencia será el jueves 4 de diciembre a las 09:00 horas en aplicación de la ley procesal y que la lectura incluirá los fundamentos de la resolución, según la directora de debates de esa sala, Norma Carbajal Chávez, se adelantó la sanción para el exmandatario.
La Fiscalía de la Nación solicitó una pena contra Castillo de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, pero a última hora cambió su propuesta.
Horas antes de la lectura de sentencia, el expresidente presentó recursos de nulidad e inhibición en los cuales alegaba vulneraciones procesales y parcialidad de los juzgadores.
Sin embargo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema rechazó los argumentos de Castillo Terrones y procedió con la condena.
#LoÚltimo. Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó, por mayoría, al expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión. Seguir por: https://t.co/TYqSV2SlBA pic.twitter.com/h0e2BGH8AY
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 27, 2025
Caso Pedro Castillo causa tensión diplomática entre México y Perú
El tribunal peruano descartó el delito de rebelión plena y optó por la calificación alternativa para el caso de Castillo Terrones, quien fue presidente de Perú de julio de 2021 al 7 de diciembre de 2022.
Esa noche el gobernante anunció en un mensaje televisado la disolución temporal del Congreso, la intervención del Poder Judicial y su intención de gobernar mediante decretos de excepción, lo que el país consideró un autogolpe de Estado.
Las Fuerzas Armadas y la policía desconocieron la medida, el Congreso lo destituyó por “incapacidad moral” y agentes de seguridad detuvieron a Castillo cuando se dirigía a la Embajada de México en Lima, para solicitar asilo político. Desde entonces está recluido en el Penal de Barbadillo.
El gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó públicamente su disposición a otorgarle protección, lo que generó tensiones diplomáticas.
📄Comunicado de Prensa 022-25:
Sobre solicitud de salvoconducto para Betssy Chávez y partida de embajador cubano.
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— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 7, 2025
Condenan a Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima
El tribunal adelantó este jueves que impuso a Willy Huerta Olivas, exministro del Interior durante el gobierno de Castillo, la misma sanción que a Castillo, aunque la pena será suspendida hasta su confirmación, mientras que Aníbal Torres Vásquez recibió una sentencia (también suspendida) de seis años y seis meses de pena privativa de la libertad; otros exfuncionarios fueron exonerados.
Sin embargo, Betssy Chávez Chino, quien era presidenta del Consejo de Ministros durante la intentona fallida de Castillo, recibió también una condena de 11 años, cinco meses y cinco días de cárcel por su participación en los sucesos de diciembre de 2022, y además se ordenó cinco meses de prisión preventiva, su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
Chávez está actualmente en la embajada de México, que le concedió asilo político, pero Perú no autorizó el salvoconducto para que pueda viajar.
Perú acusó a México de injerencia en asuntos internos, mientras que México defendió su postura como parte de su tradición de asilo.
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El conflicto diplomático entre México y Perú se agudiza
El presidente interino de Perú, José Jerí, declaró que no descarta ingresar a la sede diplomática mexicana para ejecutar la orden judicial.
“Si se tiene que ingresar a la Embajada mexicana, se hará”, afirmó Jerí durante una conferencia de prensa, del domingo pasado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que cualquier intento de irrupción en la embajada sería una violación a la soberanía y contravendría las normas internacionales de protección a las misiones diplomáticas. El Congreso peruano considera a la mandataria mexicana como persona non grata.
Desde el arresto de Castillo, las relaciones entre México se han deteriorado con la expulsión de embajadores y la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por Lima.
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