Por Paloma Pérez y Gerardo Carmona
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutó durante la madrugada un operativo en la planta de la Cooperativa La Cruz Azul en Tula, Hidalgo, luego de que un juez de control mexiquense ordenó la restitución del inmueble; la acción dejó 33 detenidos.
A su vez, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que 31 personas enfrentan investigaciones por desobediencia y resistencia de particulares, mientras que dos más quedaron a disposición del Ministerio Público por portación de arma de fuego calibre .38. Las autoridades incluyeron a todos en el Registro Nacional de Detenciones y descartaron personas fallecidas o desaparecidas.
La resolución judicial se originó en el Estado de México, donde la actual dirigencia de la cooperativa promovió el procedimiento para recuperar el complejo industrial ubicado en territorio hidalguense. Tras la intervención, la administración asumió el control de la planta.
Conflicto legal y competencia mexiquense
De acuerdo con la dirigencia, la intervención de autoridades del Estado de México se sustentó en la personalidad jurídica de la cooperativa en esa entidad y en denuncias por la presunta comercialización de cemento con la marca Cruz Azul desde 2021.
Por ello, el juez mexiquense autorizó la restitución del inmueble. La policía estatal de Hidalgo acudió sin armas de fuego y resguardó la zona ante antecedentes de confrontación.
Si bien, el operativo reactivó el conflicto jurídico en la cooperativa, las autoridades locales subrayaron que actuaron conforme a derecho.
“Refundación” y llamado a la paz social
Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa y del club de fútbol Cruz Azul, calificó la recuperación como el inicio de una “refundación”.
En un video difundido en redes sociales, afirmó que comienza una nueva etapa de diálogo orientada a la recuperación de empleos y a la reactivación económica de Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo y del municipio de Tula.
El directivo sostuvo que la planta permaneció ocupada durante más de cinco años, situación que generó afectaciones económicas y sociales. Además, llamó a la paz social y pidió evitar confrontaciones, al señalar que algunas personas participaron bajo información que calificó como engañosa o de manera forzada.
Impacto económico regional
Antes del conflicto interno, la planta generaba más de 3 mil empleos directos y alrededor de 13 mil indirectos. Según la dirigencia, más de 2 mil 500 trabajadores dejaron de laborar durante la disputa.
Ahora, la administración busca reactivar operaciones de forma gradual. La restitución abre una nueva etapa para la cooperativa y coloca el caso nuevamente en el centro del escenario jurídico y económico regional.
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