Por Alejandro Meléndez
Ciudad de México, 5 abr. (AMEXI).- Al cumplirse un año de la trágica noche en la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 40 migrantes perdieron la vida en un incendio que ha sacudido las conciencias y desatado el clamor por justicia y el fin del perfilamiento racial en México, defensoras y defensores de los derechos de las poblaciones históricamente discriminadas y racializadas se unen en solidaridad con las familias de las víctimas y exigen acciones contundentes por parte de las autoridades.
El Instituto Nacional de Migración (INM) está en el centro de la controversia, acusado de cometer un crimen de Estado al detener y privar de la libertad a migrantes, incluso aquellos con documentos migratorios regulares. Las 40 personas fallecidas provenían de Guatemala, Colombia, El Salvador, Honduras y Venezuela, todos ellos identificados como racializados.
Este trágico evento pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y reformar las políticas migratorias en México.
Las críticas no son nuevas. Desde hace años, el INM ha sido señalado por prácticas de perfilamiento racial, una práctica que contraviene los principios de los derechos humanos y que ha sido condenada internacionalmente. La falta de acceso a la justicia y los pocos avances en la reparación del daño son motivos de indignación y llamados a la acción por parte de activistas y defensores de los derechos humanos.
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El llamado es claro: el perfilamiento racial en la migración debe terminar. Esto implica derogar disposiciones como los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, que permiten revisiones migratorias fuera de los puntos de entrada internacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al respecto, sentando un precedente que exige cambios significativos en las políticas migratorias del país.
Mientras se conmemora la memoria de las 40 personas fallecidas en este trágico evento, también se recuerda a otras víctimas de la política migratoria, como la niña de nueve años que falleció por negligencia médica en 2019 o el migrante haitiano que perdió la vida recientemente en Chiapas. Cada vida perdida es un recordatorio doloroso de la urgencia de proteger los derechos humanos de todas las personas, sin importar su origen o apariencia física.
En este día de memoria y reclamo de justicia, se hace un llamado al Poder Legislativo y a las autoridades competentes para que tomen medidas efectivas que eviten futuras tragedias y garanticen el respeto de los derechos de las personas migrantes en México. La justicia y la dignidad de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, deben ser prioridad en cualquier sociedad que aspire a la igualdad y la justicia.
