Productores agrícolas de más de 20 estados iniciaron este lunes una nueva ronda de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), exigiendo un aumento al precio de garantía del maíz y el sorgo. La advertencia fue clara: si no hay acuerdo, se activarán bloqueos carreteros y un paro nacional.
La reunión, celebrada en Bucareli, congregó a líderes agrarios provenientes de entidades como Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas, quienes demandan que el precio del maíz se eleve a 7 mil 200 pesos por tonelada. “Estamos a una sola llamada de subirnos a las carreteras”, declaró Eduardo Romero, vocero de los productores michoacanos, al ingresar a la sede de Segob.
Durante la jornada se registraron movilizaciones en casetas y accesos estratégicos en varios estados, como parte de una acción coordinada para visibilizar el conflicto. Aunque la mesa de diálogo se extendió por más de cinco horas, no se alcanzó un acuerdo definitivo. Los representantes gubernamentales se comprometieron a mantener abierta la negociación, pero los productores reiteraron que el tiempo se agota.
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Crisis en el campo y advertencia de colapso
Los agricultores denuncian que el precio actual del maíz no cubre los costos de producción, lo que pone en riesgo la viabilidad del sector. “Llevamos más de un año esperando una respuesta. Ya no hay margen”, insistió Romero. Las organizaciones agrarias advierten que, de no atenderse sus demandas, se paralizará el abasto en múltiples regiones del país.
La Confederación Nacional Agronómica (CNA) y otras agrupaciones han solicitado al gobierno federal una intervención urgente, alertando sobre el impacto económico y social que tendría un paro prolongado en el campo mexicano.
Expectativa y próximos pasos
Segob no ha emitido un comunicado oficial sobre los avances de la reunión. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso confirmaron que se prevé una nueva sesión en los próximos días. Mientras tanto, los productores mantienen la amenaza de bloqueos en al menos 20 estados, incluyendo tomas de casetas, cierres de autopistas y suspensión de actividades productivas.
El conflicto agrario se perfila como uno de los más relevantes en el cierre del año, con implicaciones directas en la seguridad alimentaria, la estabilidad regional y la gobernabilidad en zonas rurales.
