Con la reforma constitucional sobre extorsión que discutirá el pleno del Senado de la República esta semana, México contará con un marco legal uniforme y actualizado para enfrentar de manera eficaz este delito.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, el delito de extorsión es de jurisdicción concurrente, pues se encuentra previsto en el Código Penal Federal, así como en los códigos penales de las entidades federativas.
Lo que conlleva que esté regulado generalmente con distintos bienes jurídicos protegidos y variados verbos rectores, tanto en el tipo penal como en sus agravantes, modalidades y penalidades.
Congreso emitirá ley en la materia
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, recordó que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a), de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución.
Mencionó que con esa reforma se faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en Materia de Extorsión.
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En un mensaje que compartió en redes sociales, la presidenta del Senado adelantó que este proyecto, derivado de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se discutirá en el pleno de la Cámara de Senadores esta semana.
✅ 18 de septiembre | Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Seguridad Pública del @senadomexicano aprobaron la reforma al art. 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General en Materia de Extorsión, misma que…
— Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) September 21, 2025
Aprobación de congresos locales
Una vez aprobada por el Senado y los congresos estatales, la reforma constitucional podrá entrar en vigor, por lo que el Congreso contará con un plazo de 180 días para avalar la legislación secundaria.
La incidencia de este delito varía por entidad federativa de manera significativa.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan al Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León de concentrar 61.8% de víctimas desde 2024.
Hasta enero 2025; tan solo el Estado de México acumula el 33.1 por cierto.
Combate eficaz
El documento señala como problema el combate eficaz de este delito a nivel nacional la falta de homologación de las penas.
Los códigos penales federal y local establecen un promedio de pena de cuatro años con seis meses y hasta 12 años como pena máxima.
El rango que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las condenas previstas en los diferentes códigos sustantivos.
Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de dos a ocho años.
En Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua oscilan entre cinco y 30 años, por citar algunos ejemplos.
Por lo que esta disparidad podrá ser corregida con la aprobación de la reforma constitucional.
