Ciudad de México, 4 abr. (AMEXI).- Ante el incremento en los últimos años del “cobro de piso”, la extorsión que la mafia ejerce sobre comerciantes, grandes empresas, agricultores, transportistas e incluso tortillerías, taquerías y hasta vendedores ambulantes en el país, el Senado prevé aprobar en las próximas semanas una reforma para tipificar este delito y sancionarlo hasta con 12 años de prisión.
En este contexto, las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden la senadora Olga Sánchez Cordero y el senador Rafael Espino de la Peña, aprobaron un dictamen para sancionar el denominado “cobro de derecho de piso”.
El proyecto reforma el Código Penal Federal y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, considera el cobro de derecho de piso como un acto de la delincuencia organizada e impone de ocho a 12 años de prisión y de 80 a 120 unidades de medida y actualización (UMA) de multa a quién o quiénes lo cometan.
De este modo, se busca sancionar a quién o quiénes realice actos para “coaccionar a personas físicas o morales para obtener recursos pecuniarios, en especie o de cualquier otra índole, para sí o para otro, a cambio de no interferir en que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, mediante el amago, el empleo de la fuerza, o cualquier otro medio de amenazas”.
Se precisa que dicha coacción se sancionará cuando se realice de manera directa o a través de cualquier dispositivo o tecnología, hacia la persona, a miembros de su familia, trabajadores o propiedades.
La reforma argumenta que es fundamental que el cobro de derecho de piso sea considerado como un delito de la delincuencia organizada, ya que eso permitirá tener una respuesta más coordinada y efectiva por parte de las autoridades en contra de este ilícito, pues los grupos criminales suelen tener una estructura organizada y recursos considerables para cometer tales conductas.
