Un juzgado federal notificó la existencia de un par de amparos promovidos a nombre de Andrés Manuel, “Andy”, y Gonzalo, “Bobby”, López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se impugnan posibles actos de detención, incomunicación o desaparición forzada por parte de autoridades federales.
El recurso, identificado como amparo 1728/2025, se presentó ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa.
El abogado, identificado como Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, promovió un amparo para Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán ante el Juzgado Segundo de Distrito del estado de Zacatecas.
Se trata de un amparo “buscador”, figura jurídica que permite a cualquier persona solicitar protección ante la sospecha de que existe una orden de aprehensión o actos que vulneren derechos fundamentales, sin necesidad de acreditar representación legal directa.
La demanda señala como autoridad responsable, entre otras, al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), que actualmente investiga presuntos vínculos con redes de tráfico de combustible (“huachicol”) en mandos de la Secretaría de Marina.
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¿Qué establece la resolución?
La jueza Verónica Beltrán Munguía, quien asumió funciones recientemente, concedió una suspensión de plano, como lo establece la ley en casos donde se alegan actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, como tortura, desaparición forzada o incomunicación.
En su resolución, ordenó a las autoridades señaladas cesar de inmediato cualquier acto de esa naturaleza y reportar en un plazo de 24 horas el estado y localización de las personas quejosas.
Aunque los nombres de López Beltrán aparecen explícitamente en la notificación pública, no se descarta que el amparo haya sido promovido por terceros sin su conocimiento, dado que este tipo de recursos no requiere formalidades, como el otorgamiento de poderes a abogados.
El caso se tornó a un juzgado penal, dado que el Noveno de Distrito se declaró incompetente para continuar con el trámite.
El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México rindió un informe, lo que sugiere que también señalado como autoridad responsable en el expediente.
