Ciudad de México, 17 abr. (AMEXI).- El pleno del Senado de la República avaló en lo general y en lo particular la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo que establece que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.
En el marco de una maratónica sesión turnó a la Cámara de Diputados la reforma que fue aprobada por 69 votos a favor y 42 en contra y que fue calificada por senadores del bloque de contención como una revancha del Presidente contra el Poder Judicial por frenar con amparos la Ley Eléctrica, la militarización de la Guardia Nacional y el llamado “decretazo”.
La senadora del PRI, Claudia Anaya, anticipó que la oposición acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a solicitar una acción de inconstitucionalidad a esta reforma que dijo es una grave regresión en los derechos humanos en México.
En tribuna, la senadora por Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros expuso que esta reforma “es un paso más hacia la destrucción del juicio de amparo como una herramienta eficiente para defender derechos humanos”.
“Pretenden que no puedan suspenderse leyes a través del amparo. Esta es una reacción ante el fracaso que ha tenido el Presidente y la vieja política por imponer leyes autoritarias”.
Argumentó que las leyes presidenciales que han violado abiertamente la Constitución y que el Poder Judicial ha suspendido varias veces son el Plan B electoral que envió el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Así como las leyes de la Guardia Nacional que transferían esa institución a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el “decratazo” que declaraba todas las obras de infraestructura del gobierno como “estratégicas”, que ordenaba que no pudiera entregarse su información.
Después de la aprobación en lo general, la discusión en lo particular continuó con las reservas de 15 senadores a diversos artículos de la reforma.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, de Morena, dijo que con la reforma “no estamos afectando derechos, ni por supuesto que estamos haciendo una regresión en las garantías y en la promoción de derechos y desde luego tampoco violentamos el principio de constitucionalidad”.
Indicó que simplemente estamos de acuerdo con el principio de la relatividad de las sentencias de amparo y del principio de constitucionalidad de las leyes.
La senadora sin partido, Claudia Ruiz Massieu, consideró que la reforma “se enmarca en el contexto de la confrontación promovida y alimentada desde el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial de la Federación, particularmente por el enojo causado por el freno que pusieron los jueces a la actuación inconstitucional del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo en temas que son importantes para la agenda presidencial”.
Subrayó los casos de la ley de Reforma Eléctrica o las obras de infraestructura que no tenían manifestación de impacto ambiental.
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