Ciudad de México, 10 abr. (AMEXI).- Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos avalaron reformas a la Ley de Amparo para impedir que los jueces otorguen suspensiones en contra de la implementación de normas generales y con ello no puedan suspender obras de los gobiernos.
La reforma, avalada por 19 votos a favor de Morena y sus aliados, 13 en contra de la oposición, evita que los jueces suspendan leyes o normas generales impugnadas mediante el juicio de amparo.
El dictamen añade un párrafo al artículo 148 de la Ley de Amparo, para establecer que “tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.
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Se añade que “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda”.
Claudia Ruiz Massieu, consideró que la reforma “es una suerte de venganza del oficialismo contra los juzgadores que otorgaron suspensiones contra la aprobación de la reforma eléctrica, es una forma de seguir en este afán de enfrentar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Es una reforma innecesaria, perniciosa y, además, inconstitucional”.
La presidenta de la Comisión de Justicia y senadora por Morena Olga Sánchez Cordero expuso que “en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales, como una medida que permita garantizar el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes”.
Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, indicó que la reforma busca “que no se puedan suspender leyes porque varias obras de infraestructura de este gobierno han sido suspendidas, como el Tren Maya y el AIFA”.
El panista Damián Zepeda aseguró que “hoy por un enojo, marcadamente por la Ley de la Industria Eléctrica y por el alegato de que un juez puede estar abusando, se le está quitando a los mexicanos un medio de defensa. Es inconstitucional por el tema de la progresividad de los derechos”.