Ciudad de México, 16 jul. (AMEXI).- El exdiputado y exfuncionario del gobierno capitalino, Fernando Peña Garavito, interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y tratar de evitar la reelección del dirigente del PRI, Alejandro Moreno.
Pidió invalidar la convocatoria para el inicio del proceso interno de renovación del Comité Ejecutivo Nacional y los acuerdos del Consejo Político Nacional del PRI sobre el método de elección de la dirigencia del partido.
Los argumentos legales
El exdirector de Servicios al Transporte Público del entonces Distrito Federal argumentó que la resolución que se impugna “viola los artículos 16, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 25, párrafo 1, inciso A y 41, párrafo 1, incisos A, D y F, de la Ley General de Partidos Políticos.
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Asimismo, el artículo 173, párrafo segundo de los Estatutos del PRI, así como el artículo 14, párrafo primero, del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulaciones de Candidaturas del PRI”.
“Establece el artículo 173, párrafo segundo, de los Estatutos, que el proceso de renovación de las dirigencias de los comités ejecutivos nacional, directivos de las entidades federativas, municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y seccionales por término de periodo, no debe coincidir con ningún proceso interno para postular candidaturas a cargos de elección popular…”, se indica.
Denuncia ilegalidades en el método de elección
El quejoso sostiene que son ilegales los acuerdos del Consejo Político Nacional relativos al método electivo de asamblea de consejeras y consejeros políticos y el tope de gastos de proselitismo.
Además, la autorización a la Comisión Nacional de Procesos Internos para expedir la correspondiente convocatoria y la convocatoria para el proceso interno ordinario de elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional PRI.
En su impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expone que dicha convocatoria se emitió el pasado 11 de julio de 2024, “se encuentra desplegando todos sus efectos jurídicos, en infracción de lo dispuesto en el artículo 173, párrafo segundo, de los estatutos del PRI, así como en el numeral 14, párrafo primero, del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas del PRI”.
Por ello, Peña Garavito solicitó a los magistrados “tener por presentado en tiempo y forma con la personalidad debidamente acreditada el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”.
Asimismo, demandó reconocerle el interés jurídico en su calidad de ciudadano del PRI, al ser afectado en su esfera de intereses jurídicos.
También, declarar la invalidez de los acuerdos dictados por el Consejo Político Nacional relativos a la determinación del método electivo de la Asamblea de Consejeras y Consejeros Políticos para el Proceso Interno Ordinario Electivo de las Personas Titulares de la Presidencia y la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo estatutario 2024 2028.
De igual manera, del tope de gasto de proselitismo para dicho proceso interno, así como de la autorización a la Comisión Nacional de Procesos Internos para expedir la correspondiente convocatoria.
Peña Garavito también solicitó a los magistrados electorales declarar la invalidez de la convocatoria para restablecer la normatividad interna del PRI y suplir “la deficiencia de la queja en todo lo que beneficia mis derechos humanos”.
Con esta demanda, son seis los recursos de impugnación contra el proceso de reforma estatutaria y la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional del PRI, dos de ellos presentados por los expresidentes del partido, Enrique Ochoa, Pedro Joaquín Coldwell, Dulce María Sauri, con el apoyo de Manlio Fabio Beltrones, y la de Fernando Lerdo de Tejada, exvocero presidencial.
