Ciudad de México, 2 ago. (AMEXI).- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 28 constitucional a fin de precisar el derecho de uso y aprovechamiento del Estado mexicano sobre las vías férreas para el transporte de pasajeros.
El dictamen, avalado en lo general por 30 votos a favor, ocho en contra y una abstención, clasifica como estratégica la materia de transporte ferroviario de bienes y personas.
Determina que el Estado mexicano retoma el derecho de uso de vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros.
Para ello, establece que el Poder Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.
Oposición
Al fijar las posturas partidistas , el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, dijo que los panistas no pueden acompañar el dictamen porque enrarece el escenario económico del país y puede asestar un golpe directo a la certidumbre jurídica que deben tener las inversiones.
Además, abundó, crea incertidumbre, inestabilidad y no asegura que el sistema económico se beneficie.
Adicionalmente, refirió que “tenemos dudas fundadas en la operación del Ejército en esta nueva empresa de participación estatal para el manejo del sistema ferroviario de pasajeros”.
Por el PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez, expuso que los ferrocarriles tendrán que funcionar con subsidio, porque muchos los usarán personas que tienen menos ingresos.
“Esto es una distribución de la riqueza. Estamos a favor y espero en septiembre votarlo de inmediato; esperaría que se invirtiera más», aseveró.
Moreira Valdez concluyó: «Aligeremos la carga carretera con el ferrocarril. Estamos a favor de un transporte barato para la gente”.
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Por su parte , el diputado morenista Juan Ramiro Robledo Ruiz detalló que se trata de una nueva visión del Estado, según la cual éste asume la rectoría e interviene directamente en la economía sin perjudicar al sector privado.
Sentenció que el de transporte ferroviario es un servicio público y esos servicios debe brindarlos la autoridad pública, no deben ser concesionados nunca.
