Ciudad de México,13 ag., (AMEXI).- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos extorsión, narcomenudeo y actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo.
El dictamen fue avalado en lo general con 26 votos a favor y 14 en contra, y en lo particular con 20 en pro, 14 en contra y una abstención.
La reforma modifica el artículo 19 de la Carta Magna a fin incorporar que el juez “ordenará” la prisión preventiva oficiosamente también en los casos de “defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley”.
Añade que “para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.
“Se fortalecen la paz y el orden social“
El dictamen, que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, incluye diversas iniciativas presentadas por diputadas y diputados.
En los considerandos del dictamen se indica que la prisión preventiva oficiosa constituye un instrumento que, al restringir precautoriamente la libertad de los probables infractores, coadyuva tanto al control de la criminalidad como a la investigación de los delitos, y fortalece la paz y el orden social.
El diputado Ismael Brito Mazariegos refirió que los impuestos como herramienta del Estado impulsan el crecimiento de la economía y, a pesar de que existe la obligatoriedad constitucional y legal de la contribución de impuestos, existe una extendida práctica de evasión fiscal.
Por ello, dijo, es importante aprobar esta reforma porque con ello se va a impulsar el desarrollo y tapar “los hoyos derivados de las lagunas en las leyes”.
Las consideraciones de la oposición
Por el PAN, la diputada Paulina Rubio Fernández se manifestó en contra del dictamen y afirmó que esta reforma atenta contra los más pobres; pues cuatro de cada 10 personas encarceladas no cuentan con una sentencia, es decir están en prisión preventiva oficiosa.
Esta modificación, dijo, reprueba todos los exámenes de pertinencia que se realicen, ya que no hay investigación para prevenir delitos ni para combatir la impunidad, ni se cuenta con los perfiles correctos para el trabajo. “Viola los derechos humanos y genera efectos perversos en las fiscalías”.
Del PRI, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez indicó que el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sacar de la legislación la prisión preventiva oficiosa, no implica la liberación de 60 mil personas, sino que el juzgador, el procurador y el defensor hagan la dialéctica y determinen si se merece tener esa medida o no.
Llamó a reflexionar sobre el tema, porque la propuesta contraviene la reforma de 2010-2012, sobre el nuevo sistema de justicia penal, y se llenará el artículo con un catálogo de tipos delictivos.
Lee: Lista nominal de personas en prisión preventiva son más de 30 mil
El también priista Marco Antonio Mendoza Bustamante se manifestó en contra del dictamen, al señalar que, de acuerdo con datos del Inegi, en 2023 había 38 mil personas encarceladas sin sentencia y se estima que 20% de los detenidos son inocentes.
Agregó que, en lugar de eliminar la prisión preventiva, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se agregan delitos y se convierte la Constitución en un catálogo penal.
“La prisión preventiva oficiosa ni juzga ni condena, sólo encarcela personas antes de comprobar si cometieron o no un delito.»
