Un total de 102 personas fueron detenidas como resultado de la operación “Desconexión”, un despliegue coordinado de fuerzas federales, estatales y municipales para combatir la extorsión en el Estado de México, informó la Fiscalía estatal.
Las acciones, que se extendieron durante 46 días, permitieron desarticular estructuras criminales vinculadas principalmente a la llamada “extorsión indirecta”, realizada mediante llamadas, mensajes y plataformas digitales.
Estructura de la operación «Desconexión» y más cosas
De acuerdo con las autoridades, “se logró la detención de 102 objetivos y el aseguramiento de 192 inmuebles”, entre ellos 67 call centers utilizados para operaciones ilícitas, con lo que se “irrumpió la estructura operativa, logística y financiera” de estos grupos.
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el operativo contó con la participación de:
- Defensa.
- Marina.
- Guardia Nacional.
- Centro Nacional de Inteligencia.
Modus operandi y otros delitos asociados
Las investigaciones revelaron que los detenidos operaban esquemas de fraude y amenazas desde centros de llamadas, donde simulaban ser instituciones financieras o realizaban cobros mediante intimidación.
“Las víctimas eran manipuladas con prácticas engañosas […] para posteriormente coaccionar e intimidar con el propósito de obtener un lucro”, señaló la Fiscalía.
Además, se identificó la relación de estas redes con préstamos ilegales tipo “gota a gota”, así como con actividades como narcomenudeo, trata de personas y lavado de dinero.
Aseguramiento de equipo tecnológico y situación legal
Entre los resultados también destaca el aseguramiento de equipo tecnológico y documentación sensible. Como parte de los hallazgos se incautó lo siguiente:
- 2 mil 844 computadoras.
- Más de 3 mil chips telefónicos.
- Armas de fuego y drogas.
- Bases de datos con información personal y financiera de víctimas.
Las autoridades indicaron que 50 de los detenidos ya fueron vinculados a proceso con prisión preventiva. Mientras tanto, en el caso de los extranjeros se dio vista a instancias migratorias para definir su situación legal.
La Fiscalía sostuvo que la operación permitió “afectar las capacidades logísticas y operativas de diversos grupos delictivos dedicados a la extorsión”. Esto terminó debilitando sus finanzas y alcance territorial.
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