Ciudad de México, 11 ago. (AMEXI).- Tres años después de ser detenido por el presunto delito de tortura y protección de redes de trata infantil, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, está a punto de salir de prisión por el cambio de medidas cautelares para continuar su juicio en arraigo domiciliario.
El juicio en contra del también conocido como “El Góber Precioso” tiene más de 18 años en juzgados federales a partir de una investigación que inició en 2003 por la periodista Lydia Cacho, relacionada con violación, abuso sexual y pornografía.
La indagación llevó a la publicación de un libro en 2005 a través del cual se expone integración una red de distintas personas relacionadas con el caso, entre ellos políticos y empresarios como Jean Succar Kuri, “El Johny”, y Kamel Nacif. La investigación permitió la captura en Estados Unidos del empresario hotelero en Cancún, Jean Succar Kuri en 2004.
Tras la publicación, Lydia Cacho fue acusada de calumnia y difamación, y detenida por entonces Policía Judicial de Puebla a partir de una orden de captura. Durante el traslado la periodista denunció agresiones y tortura, ella fue exonerada de los delitos de los que fue acusada.
En febrero de 2006 se dio a conocer en medios de comunicación grabaciones telefónicas entre el empresario Kamel Nacif Borge y el entonces gobernador de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Marín Torres, “El Góber Precioso”.
En las conversaciones se escucha la forma de llevar a cabo la detención de Lydia Cacho, así como la promesa de enviar una “una botella bellísima de buen coñac” a Mario Marín Torres, e incluso realizar las gestiones necesarias para el abuso sexual de la periodista una vez ingresada en prisión.
En otras conversaciones se escucha a la entonces procuradora de justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda, así como una persona identificada como “Juanito” (Nakad Bayeh), responsable de las amenazas, golpes y violación contra Lydia Cacho en la cárcel.
La filtración de las conversaciones llevó a una marcha en Puebla en febrero de 2006 para exigir la renuncia de Mario Marín Torres como mandatario estatal.
Un mes después Lydia Cacho denuncio en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) a Mario Marín Torres, Kamel Nacif, Blanca Laura Villena, Rosa Celia Pérez González y Bayeh Naked por abuso de autoridad, cohecho, ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, colusión de servidores públicos, tortura, tentativa de violación y lo que resulte.
El caso llegó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, a través de peticiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar al exgobernador poblano, así como autoridades judiciales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó investigar la presunta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho por parte del gobernador poblano.
La extradición de Succar Kuri
En julio de 2006, Jean Succar Kuri fue extraditado a México e ingresado a una prisión en Cancún. Las investigaciones sobre el caso tuvieron un giro cuando en agosto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció el robo del expediente del caso Lydia Cacho.
El hurto llegó a la SCJN, que determinó ampliar las investigaciones sobre la violación de derechos sufrida por la periodista. En tanto, la PGR presentó pruebas contra cinco personas, una de ellas un menor por el robo del expediente, por lo cual los cuatro adultos fueron ingresados Reclusorio Preventivo Sur y el adolescente al Consejo Tutelar de Menores.
En enero de 2007, la periodista fue notificada de su absolución en la denuncia de difamación presentada por Kamel Nacif. Antes de finalizar el año, la SCJN, concluyó que no existió una conspiración entre el gobernador de Puebla y el empresario para violar las garantías individuales de Lydia Cacho.
El caso llegó al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en agosto de 2018 confirmó violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho, solicitando procesar, juzgar y castigar a los responsables.
La disculpa
En enero de 2019, el gobierno de México ofreció una disculpa pública a la periodista Lydia Cacho por tortura, discriminación en razón de género y las acciones que le impidieron acceder a la verdad y la justicia.
Tres meses después, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, ordenó la aprehensión de Mario Marín Torres, Kamel Nacif, Hugo Adolfo Karam, Juan Sánchez Moreno y Juan Nakad.
Kamel Nacif huyó del país y fue detenido en Líbano. La PGR solicitó la extradición sin que hasta el momento se haya llevado a cabo. Durante los siguientes meses una persona identificada como el excomandante, José Montaño Quiroz, obtuvo su libertad tras cumplir su sentencia de cinco años y tres meses.
Las investigaciones continuaron, lo que llevó a la detención en febrero de 2021 de Mario Marín, en Acapulco, Guerrero. Fue ingresado en un penal en Cancún, Quintana Roo, donde era requerido por una juez.
Durante los siguientes años Mario Marín presentó distintos amparos para obtener su libertad. Uno de ellos fue para el cambio de medida cautelar, el cual, de acuerdo con la periodista Lydia Cacho, fue aprobado al no ser un delito grave por el que se es acusado, además de no presentar un riesgo de fuga.
La posible liberación de Mario Marín se suma a la del extitular de la entonces Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, quien la semana pasada egresó del penal estatal de Quintana Roo, luego de que un juez de amparo le modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
