Monreal celebra orden de la Corte contra Layda Sansores por difundir conversaciones privadas
Ricardo Monreal evita confrontarse con la gobernadora campechana, pero celebra la orden de la SCJN a Layda Sansores para eliminar una supuesta negociación con Alejandro Moreno. El morenista considera que la justicia le asistió.
La Suprema Corte emitió una orden a la mandataria de Campeche, Layda Sansores, para que se eliminen del programa Martes del Jaguar los fragmentos de una supuesta negociación entre el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.
Ante ello, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que no profundizará en el conflicto, aunque confirmó que desde 2022 interpuso denuncia penal y un amparo por intervención ilegal de comunicaciones.
“No me interesa confrontarme con una compañera del movimiento. La justicia me asistió”, declaró el diputado y exsenador.
Además, confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para legislar sobre el delito de extorsión, y adelantó los ejes de la próxima reforma electoral que se presentará en septiembre.
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— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 10, 2025
SCJN ordena a Sansores eliminar conversación difundida en 2022
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, celebró este lunes la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a eliminar de su programa Martes del Jaguar la conversación privada que difundió en octubre de 2022 entre él y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas («Alito»).
El contenido –presuntamente extraído de una conversación por WhatsApp– sugería un pacto político entre ambos para apoyar la candidatura de David Monreal en Zacatecas. Monreal negó su autenticidad desde el inicio.
«No me interesa confrontarla, la justicia me asistió»: Monreal
“Simplemente, la justicia me asistió. No me interesa profundizar una diferencia política con una compañera del movimiento”, declaró el legislador zacatecano. Aunque reconoció que no ha tenido comunicación con Sansores en más de dos años, dijo saludarla cordialmente cuando coinciden en reuniones de Morena.
El 28 de octubre de 2022, Monreal presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la difusión ilegal de comunicaciones privadas y promovió un juicio de amparo, el cual —tras un largo proceso judicial— fue confirmado por la SCJN.
“Nunca hablé con ningún ministro. Ejercí mi derecho como abogado. Interpuse un recurso y lo gané”, dijo.
Sheinbaum envía reforma constitucional contra la extorsión
En otro tema, Monreal informó que la presidenta Claudia Sheinbaum ya envió al Congreso una iniciativa para reformar el artículo 73 de la Constitución, con el fin de otorgar al Congreso la facultad de legislar en materia de extorsión.
La iniciativa se turnará esta misma semana a la Cámara de Diputados como cámara de origen. El legislador morenista señaló que el análisis legislativo se prevé para el próximo periodo ordinario en septiembre, pero que los foros y mesas de discusión podrían arrancar desde julio.
“La idea es abrir la discusión desde ya, para que en septiembre se pueda abordar formalmente.”
Adelanta que aún no hay borrador del proyecto de reforma electoral
Finalmente, Monreal expuso que en torno a la reforma electoral anunciada por la presidenta Sheinbaum, aún no existe un proyecto definido, pero confirmó que se basará en tres ejes:
- Reducción del presupuesto del INE
- Menor financiamiento público a partidos políticos
- Modificación al sistema de representación proporcional
“Vamos a partir de cero. No hay esqueleto ni propuesta formal. Habrá que construirla pluralmente”, sostuvo.
Sustento jurídico del caso Monreal vs Sansores
La decisión de la SCJN se basa en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “la intervención de comunicaciones privadas solo puede ser autorizada por la autoridad judicial” y que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas”.
Además, el Código Penal Federal, en su artículo 177, sanciona la intervención de comunicaciones privadas sin mandato judicial, tipificándola como delito.
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