Por segundo día consecutivo, integrantes del colectivo Madres en Resistencia, conformado por madres de víctimas de feminicidio, intensificaron su protesta con un plantón y un bloqueo total del Libramiento Norte de esta ciudad, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.
La principal exigencia es que se haga justicia en el caso de Jade Guadalupe, asesinada el 14 de enero dentro del Instituto del Deporte de Chiapas.
Además, demandan la separación inmediata de su cargo de una funcionaria, a quien acusan de revictimizar a la familia.
La manifestación, que inició la mañana del martes con un cierre parcial del carril de Poniente a Oriente, escaló horas más tarde al bloqueo total de ambos sentidos. Las madres advirtieron que la medida es indefinida y no se retirarán hasta que el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, las atienda personalmente.
Diálogo roto y la postura de la Fiscalía
En un intento por desactivar la protesta, la FGE propuso nuevamente una mesa de diálogo, pero sin la presencia del fiscal, oferta que el colectivo rechazó de manera tajante. «Queremos hablar directamente con el titular de esa dependencia», sentenciaron.
En su comunicado, la Fiscalía señaló: “En relación a la manifestación, desde el pasado lunes, en reiteradas ocasiones se les ha invitado a que se instale una mesa de atención para escuchar sus peticiones”.
La institución agregó que ya se habían reunido previamente con el colectivo para revisar sus casos y acordado encuentros periódicos.
Finalmente, Llaven Abarca hizo un llamado a las manifestantes para aceptar el diálogo y liberar las vías de comunicación «para permitir el libre tránsito a la ciudadanía».
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La denuncia por revictimización: el detonante
La protesta es liderada por la madre de Jade Guadalupe, Adriana Gómez, quien explicó que el detonante del plantón indefinido fue la actuación de la servidora pública Lizbeth Córdoba, a quien acusan de mostrar imágenes sensibles del cuerpo sin vida de su hija a familiares de otra víctima.
“La funcionaria mostró la carpeta de investigación de mi hija a la hermana de Silvia, incluyendo fotografías de Jade cuando estaba sin vida”, denunció Gómez. “Entré en shock, con mucho coraje, porque si así lo hizo con ella, ¿cómo no lo va a hacer con otras víctimas?”, cuestionó.
Informó que hace más de una semana interpuso una queja ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. “Esperamos ver qué nos contestan, pero de ahí nos vamos a la denuncia penal”, advirtió. Sus demandas concretas son la separación de la funcionaria del cargo mientras dura la investigación y que se revisen las cámaras de seguridad de las oficinas donde ocurrieron los hechos.
“No buscamos confrontar, sino exigir justicia y respeto. El coraje que tiene la fiscalía es porque nosotras pedimos que se actúe rápido, que no se pierdan pruebas y que no se violen los derechos de las víctimas”, finalizó.
Un historial de tensiones con el gobierno estatal
Esta movilización se enmarca en un contexto de fricción entre el colectivo y las autoridades estatales. A finales de septiembre, las «Madres en Resistencia» acusaron públicamente al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, de revictimizar y criminalizar a las personas desaparecidas, así como de negar la gravedad del problema en la entidad.
Según denunció el colectivo en esa ocasión, el diálogo con el mandatario es difícil. Un segundo encuentro, celebrado el 12 de septiembre, solo se concretó después de una semana de huelgas y presión mediática.
La fundadora del colectivo, Adriana Gómez, ha calificado el trato del gobernador como hostil, acusándolo de imponer trabas a las reuniones y de ejercer violencia institucional y psicológica, pues aunque las recibe, perciben una falta de disponibilidad para ordenar acciones concretas que lleven a la justicia.
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