El Senado de la República aprobó en comisiones unidas una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la cual se permitiría a trabajadores de empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos portar armas para desarrollar sus funciones.
Senadores de las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos avalaron que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) o Banco de México (Banxico) puedan portar armas.
Reforma impulsada por AMLO
La reforma fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y amplía los permisos para ejidatarios y funcionarios de áreas estratégicas.
La iniciativa busca actualizarla y establecer un nuevo marco jurídico, además de adaptar la norma a exigencias contemporáneas en materia de seguridad nacional, legalidad, control constitucional y protección civil.
El proyecto derivado de una minuta remitida por la Cámara de Diputados lo avalaron por 24 votos a favor y modifica más de 100 artículos de esa Ley.
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Con los cambios se crean nuevos apartados y deroga disposiciones obsoletas, explicó la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Ana Lilia Rivera Rivera.
Propuesta llegó en 2024
La senadora de Morena detalló que la reforma llegó al Congreso en septiembre de 2024 propuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
«La reforma busca consolidar el carácter de orden público e interés social de la ley y extender su observancia general a todo el territorio nacional», destaca.
También, procura fortalecer el control estatal sobre todas las actividades conexas con explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas.
Tipificación moderna
La reforma incorpora una tipificación moderna de armamento y accesorios, como las fabricadas con impresoras 3D.
Asimismo, precisa las condiciones de posesión y portación.
«Los cambios a la Ley Federal de Armas de Fuego es para reorganizar facultades de autoridades en la materia y establecen campañas de desarme y cultura de paz para los tres órdenes de gobierno», señala dictamen.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Simey Olvera Bautista, enfatizó que esta reforma era un pendiente para el país.
