La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que demolió una presa ubicada dentro del rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
En la Mañanera del Pueblo, Efraín Morales, titular de la Conagua, dio cuenta de que la acción responde a la crisis hídrica que afecta a la región y a la necesidad de frenar las extracciones ilegales de agua.
Comentó que se recuperaron 700 mil litros de agua que se encontraban en embalses ilegales al interior de este rancho, ya que estaba conformado por cinco represas y una presa principal, además de un pozo.
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No es la primera vez que aseguran este rancho
El rancho, asegurado por la fiscalía estatal en 2021, esta señalado como parte de una red de propiedades adquiridas con recursos de dudosa procedencia.
Según informes, la presa en cuestión obstaculizaba el cauce natural del agua, afectando el equilibrio hídrico en una zona que ha sufrido sequías extremas durante años.
Fuentes cercanas al caso indican que la demolición se llevó a cabo con maquinaria pesada y explosivos, debido a la resistencia de la estructura.
La intervención ocurre en un contexto de crisis hídrica que ha llevado a la cancelación del ciclo agrícola en amplias regiones del estado.
Intento de frenar las acciones
Efraín Morales denunció que cuando los inspectores de la dependencia llegaron para hacer cumplir con lo establecido en la ley, uno de los representantes de la familia llegó con un amparo indirecto que les había otorgado una jueza del estado, misma que frenó la entrega de los libros de texto gratuitos.
El abogado de Duarte, Juan Carlos Mendoza, negó que se haya dado una intervención de la Conagua, calificando los reportes como imprecisos y señalando que cualquier acción en la propiedad debe contar con autorización legal.
Sin embargo, la Conagua confirmó con un video la demolición, la cual forma parte de una estrategia federal para garantizar el acceso equitativo al agua en Chihuahua.
La intervención ha generado reacciones entre productores y ambientalistas, quienes han denunciado durante años el acaparamiento de agua por parte de actores políticos en la región.
Se espera que en los próximos días la Conagua brinde más detalles sobre las implicaciones legales del caso y las medidas que tomará para evitar nuevos actos similares.
