La nueva Ley de Aguas impulsada por el gobierno federal representa un cambio estructural en la gestión del recurso hídrico al eliminar prácticas de especulación, concentración y uso indebido que prevalecieron durante décadas, afirmó el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.
“El nuevo marco corta de tajo este régimen de privilegios que se instauró durante el periodo neoliberal y da paso a un sistema que privilegia el derecho humano para las y los mexicanos”, declaró.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la prohibición de la transmisión de concesiones entre particulares, mecanismo que —según explicó— permitió la creación de un “mercado negro del agua”.
“Esto es muy importante porque nos permite terminar con el mercado negro del agua”, subrayó.
Morales López detalló que, bajo el esquema anterior, concesiones otorgadas originalmente para uso agrícola —que no pagan derechos— eran transferidas a otros fines como el industrial, de servicios o urbano, generando ganancias privadas a partir de un bien público.
Como ejemplo, citó un caso en Zacatecas donde siete títulos de concesión y dos aprovechamientos, equivalentes a más de 3 millones de metros cúbicos, fueron fragmentados y revendidos hasta convertirse en 50 títulos. “Esto representó ganancias de hasta 54 millones de pesos de un particular”, explicó.
La reforma impide estas prácticas al establecer que los derechos derivados de concesiones y asignaciones “ya no pueden ser transmitidos”, lo que evitará su uso con fines especulativos.
Fin a la concentración y control del agua
El titular de la Conagua advirtió que el esquema anterior favorecía la acumulación del recurso en manos de actores con poder económico. “Se evita que bajo el amparo del poder económico se concentren grandes cantidades de agua”, dijo.
Además, la nueva legislación limita las llamadas cuotas de garantía y fortalece las facultades de la autoridad para vigilar el uso legal del recurso.
Otro de los problemas identificados es la especulación mediante concesiones otorgadas sin uso real. En Chihuahua, por ejemplo, se detectaron más de 100 concesiones agrícolas y constancias de libre alumbramiento en zonas donde no existe infraestructura.
“Claramente se dieron con el objetivo de obtener un título de concesión para venderlo”, acusó.
Explicó que, en muchos casos, quienes obtenían estas concesiones no utilizaban el agua, pero impedían que otros usuarios accedieran a ella. “Alguien que realmente lo necesitaba ya no podía obtenerla porque ya había sido concesionada”, señaló.
Con la nueva ley, esas concesiones regresan al control del Estado. “Ahora regresa toda esa concesión a Conagua para otorgarla a quien realmente va a utilizar el agua”, puntualizó.
Uso indebido de concesiones agrícolas
Morales López expuso también casos de uso irregular de concesiones agrícolas, que están exentas de pago bajo el supuesto de producción de alimentos.
En Querétaro, indicó, se detectó que títulos de uso agrícola eran utilizados para fines comerciales. “No era utilizada para producir alimentos, sino para vender agua en pipas o abastecer desarrollos inmobiliarios”, afirmó.
En uno de los casos, se identificó el uso de agua para abastecer un desarrollo con campo de polo y amplias áreas verdes, mientras comunidades cercanas carecían del recurso.
“Mientras la gente de al lado no tiene agua, se estaba vendiendo en pipas con un título que no pagaba derechos”, denunció.
Con la nueva ley, estas prácticas ya son sancionadas. “Se puede clausurar, extinguir la concesión y aplicar multas de hasta 3 millones y medio de pesos”, advirtió.
Perforaciones ilegales y venta clandestina
El funcionario también reportó la detección de perforaciones ilegales de pozos en diversas regiones del país, utilizadas para la venta de agua en pipas sin concesión.
En Nayarit, detalló, se documentó la venta de pipas de entre 10 mil y 20 mil litros a precios de hasta 5 mil pesos. “Es muy malo para el pueblo de México que alguien esté lucrando con un bien que es de la nación”, sostuvo.
Asimismo, en Baja California Sur se detectó la extracción ilegal de agua de un acueducto destinado a abastecer a Cabo San Lucas. “Se interceptaba y se utilizaba para llenar pipas”, explicó.
Con la reforma, estas conductas pueden ser castigadas con multas de hasta 230 mil pesos y penas de hasta cinco años de prisión.
Empresas bajo revisión y adeudos millonarios
Morales López informó que la nueva ley también ha permitido revisar el comportamiento de grandes empresas, algunas de las cuales presentan irregularidades en el uso y pago del agua.
En un caso, una compañía mantiene un adeudo presuntivo de 234 millones de pesos. “Ya realizaron un pago y se han acercado a la comisión para regularizar su situación”, indicó.
También se detectaron concesiones sin medidores, sobreexplotación de volúmenes autorizados y descargas sin permiso. Otra empresa embotelladora, señaló: “No contaba con medidores, tenía descargas sin autorización y solo pagaba uno de tres títulos”.
Las sanciones por estas irregularidades pueden superar los 800 mil pesos, además de la obligación de regularizarse o enfrentar la cancelación de concesiones.
El funcionario hizo un llamado al sector privado: “Que se acerquen a la comisión quienes no tengan sus condiciones de concesión regulares para que se pongan en orden”.
Advirtió que existe un adeudo presuntivo cercano a 12 mil millones de pesos en empresas.
Mayor recaudación y enfoque social
Como resultado de las nuevas disposiciones, la Conagua reportó un incremento en la recaudación de 3 mil 500 millones de pesos en 2025, con una proyección de 6 mil 300 millones adicionales.
“Estos recursos sirven para realizar obras de agua y llevar beneficios a las y los mexicanos”, explicó.
Asimismo, se han intensificado las acciones de verificación: más de 7 mil operativos, de los cuales más de mil han derivado en clausuras por uso ilegal del agua.
En el ámbito social, se han concretado más de 9 mil 500 trámites en beneficio de pequeños productores y comunidades. “Había quienes tenían décadas sin poder concluir sus títulos”, señaló.
La ley también reconoce a los sistemas comunitarios y a los pueblos indígenas como actores clave en la gestión del agua.
Regularización en municipios y fin de intermediarios
Finalmente, Morales López anunció la entrega de títulos de concesión a municipios de Baja California —Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali y Ensenada— que durante años dependieron de intermediarios para acceder al recurso.
“En los últimos cinco años, estos municipios han tenido que pagar más de 531 millones de pesos a un distrito de riego”, indicó.
Con la nueva ley, los municipios recibirán directamente las concesiones. “Es un acto de justicia para el pueblo de Baja California”, concluyó.
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