La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que, antes de determinar si atraerá el caso de los hornos crematorios clandestinos localizados en Teuchitlán, Jalisco, analizará los antecedentes y operaciones previas en el rancho Izaguirre.
En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, calificó el caso como “un tema muy crítico y grave”.
La FGR investigará a las autoridades locales
Subrayó que la FGR llevará a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades estatales.
“No es creíble que una situación de esa naturaleza no haya sido conocida por autoridades de ese estado. En esas circunstancias esa información es fundamental, tenemos que dar un informe preciso de quiénes protegían el lugar, de quién es el terreno”, indicó Gertz Manero.
Además, enfatizó que es importante determinar si el sitio realmente funcionaba como un crematorio clandestino, pues “se necesitan niveles muy altos de temperatura para operar correctamente”.
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La SSPC, sin reportes de crematorios clandestinos
Mientras, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, refirió que no se han tenido reportes de crematorios clandestinos o fosas simples como las que se localizaron en Jalisco.
El descubrimiento incluye restos humanos calcinados, objetos personales como zapatos y maletas, y evidencia que apunta a actividades del crimen organizado. Este caso ha reavivado el debate sobre la crisis de desaparecidos en Jalisco, un estado que ha sido señalado como epicentro de violencia y fosas clandestinas.
Indignación por el actuar de las autoridades de Jalisco
La apertura de una investigación sobre el caso de Teuchitlán, donde se descubrió un presunto campo de entrenamiento y crematorio clandestino operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el rancho Izaguirre, ha generado una fuerte indignación y cuestionamientos sobre la posible omisión de las autoridades locales en el manejo de la situación.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, expresó su disposición a colaborar con las autoridades federales, aunque señaló que la Fiscalía estatal continuará liderando las investigaciones.
Mientras tanto, colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos han intensificado sus demandas de justicia y transparencia.
