Ciudad de México, 26 may. (AMEXI).- La ampliaciones de licitaciones que otorgó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que debieron haber concluido en 2023, han provocado cuestionamientos internos, sobre todo por denuncias contra licitaciones que han favorecido solo a determinadas empresas.
Por ejemplo, el 21 de septiembre de este año 2024, termina el contrato que otorgó el CJF en un proceso de a la empresa Sharp Corporation México en conjunto con Distri Copy, por los servicios de impresión y copiado.
El monto de ese contrato va de un mínimo, con IVA, de 2 mil 319 millones 517 mil 180 pesos, hasta un máximo de 4 mil 188 millones 352 mil 464 pesos. Con una vigencia inicial del 12 de julio del 2019 al 11 de julio del 2023; sin embargo, los corporativos han sido favorecidos con varias ampliaciones.
Cabe señalar que estas licitaciones además de haber sido favorecidas, representa la oferta más cara y cuyo supuesto ahorro de 700 millones de pesos, no se ha podido comprobar, así como por la demora en preparar un nuevo proceso de licitación para buscar un nuevo proveedor si así conviene al CJF.
Otra situación es que se advierte de la posible injerencia de algunos funcionarios de la Dirección General de Recursos Materiales y de la Secretaría Ejecutiva de Administración para favorecer a algunas empresas, entre ellas las que hoy brindan los servicios.
Fuentes al interior del Poder Judicial revelan que este probable escenario de corrupción y tráfico de influencias se ha presentado desde hace varios en diversos concursos, pero con la llegada de la ministra Norma Piña y su política de cero tolerancia a la corrupción, algunos funcionarios pudieran ver en riesgo su carrera judicial e incluso su libertad.
