El conflicto por las tierras de Monte Calvario I, El Encanto, Jardines del Edén y Nuevo Puerto Arista dio un giro decisivo con la entrega de oficios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dirigidos a las autoridades estatales, en los que se precisa que los terrenos en disputa son propiedad de la Nación y se encuentran en trámite de enajenación a favor de los comuneros que los han habitado por más de 50 años.
Los documentos, remitidos a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal Superior de Justicia y a la Secretaría General de Gobierno, recalcan que, al tratarse de terrenos nacionales, el Gobierno de Chiapas carece de facultades legales para intervenir, y que cualquier desalojo ejecutado por autoridades locales constituye una violación constitucional.
“Estos oficios confirman lo que hemos sostenido siempre: Monte Calvario y los predios de Nuevo Puerto Arista son de la Nación, están en trámite federal y el Estado no tiene ninguna injerencia legal. Los desalojos que se ordenaron fueron arbitrarios y constituyen un delito”, explicaron los campesinos en entrevista con AMEXI.

Los predios y la historia del conflicto
En días pasados, en AMEXI se dio a conocer que los terrenos en disputa abarcan siete kilómetros de playa en la costa chiapaneca y han sido ocupados desde hace más de medio siglo por pescadores, agricultores y ganaderos que iniciaron su proceso de regularización ante la antigua Secretaría de la Reforma Agraria.
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En 2018, Sedatu declaró a Monte Calvario I como terreno nacional, lo que abrió la vía para su enajenación directa a los posesionarios. Sin embargo, la irrupción de la Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, vinculada a Farmacias del Ahorro y a la familia de Paulina Castañón, ex esposa de Raúl Salinas de Gortari, complicó el proceso.
La empresa presentó escrituras de 2014 con las que se ostenta como dueña de parte de la finca El Zapotal, aunque dichas escrituras no están registradas en el Registro Agrario Nacional ni en el Registro Público de la Propiedad.
Con ese documento promovió diversos juicios y órdenes de desalojo, ejecutadas con apoyo de fuerzas estatales y federales.
“Han venido con documentación falsa, con arreglos bajo la mesa, metiendo a la cárcel, golpeando y amenazando a nuestros compañeros. Lo que buscan es apropiarse de siete kilómetros de playa para proyectos turísticos”, acusaron los comuneros en su momento.
El papel de las autoridades y la nueva resolución
En los oficios entregados hace unos días, la Sedatu subrayó que al ser predios de la Nación, la Federación mantiene el uso, goce y destino de las tierras, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, por lo que el Estado de Chiapas no puede ordenar desalojos ni ceder la posesión a privados.
Las cartas están dirigidas a: Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del Estado; a Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Tribunal Superior de Justicia y a Patricia del Carmen Conde Ruiz, secretaria general de Gobierno de Chiapas.
Los campesinos consideran que con esta notificación las autoridades locales están obligadas a detener cualquier acción de restitución a favor de la empresa y a reponer la posesión de los terrenos a sus legítimos ocupantes.
“Lo que pedimos es sencillo: que se respete la posesión histórica, que se nos devuelvan las tierras tras los desalojos arbitrarios, y que se nos entregue el título de propiedad al concluir el trámite de enajenación. No pedimos favores, exigimos legalidad”, puntualizaron.
Un futuro en juego
Con estos nuevos documentos, los comuneros esperan que se frene definitivamente la intromisión de la operadora de Farmacias del Ahorro y que la Federación les otorgue certeza jurídica tras décadas de lucha.
Mientras tanto, las familias permanecen en incertidumbre, entre la presión de los intereses privados, la violencia de los desalojos pasados y la esperanza de que el reconocimiento legal definitivo llegue desde la Sedatu.
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