Ciudad de México, 25 may. (AMEXI).- Derivado de un amparo presentado por Educación con Rumbo, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la SEP y a la Comisión Mexicana para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) llevar a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que en México se aplique la Prueba PISA en 2025.
Lo anterior, toda vez que a la fecha las autoridades en materia educativa no han asegurado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleve a cabo el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), que evalúa los rubros de lectura, matemáticas y ciencias de los niños de 15 años en México.
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz refirió que dentro del amparo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Mejoredu se han negado a cumplir la suspensión concedida por el Poder Judicial de la Federación, lo cual pudiera dar lugar a sanciones que van desde multas hasta la destitución e inicio de procedimientos de carácter penal.
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“Al día de hoy, la SEP y Mejoredu se han abstenido de cumplir la suspensión concedida en el amparo, lo cual resulta extraño en dos vertientes: la primera por desacatar una instrucción del presidente de la República, quien manifestó que la Prueba PISA se realizaría.
“La segunda, por violar un mandato del Poder Judicial de la Federación, por lo cual tanto la secretaria de Educación Pública como la comisionada presidenta del Mejoredu deben rendir cuentas a la sociedad y a las instancias competentes”, precisó Ortiz.
Por su parte, Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, precisó que hay una ventana de oportunidad para llevar a cabo la Prueba PISA considerando que estamos a ocho semanas de que concluya el ciclo escolar, dentro de la cual debe realizarse una prueba piloto que establezca los parámetros de la Prueba Pisa a ejecutar durante 2025.
“Quien está en contra de llevar a cabo la Prueba PISA en México, está en contra del derecho humano de los niños a una educación científica, de excelencia y de mejora continua como lo establece la Constitución y los Tratados Internacionales, por lo cual la sociedad civil exigirá cuentas ante las instancias legales que correspondan”, indicó la también activista y defensora de los derechos humanos de los niños.
