En medio de la polémica, la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras Samaniego, pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconsiderar la sanción impuesta a la ciudadana Karla María Estrella Murrieta, obligada a emitir disculpas públicas durante 30 días consecutivos por presunta violencia política de género.
El conflicto se originó en febrero de 2024, cuando Estrella Murrieta publicó un mensaje en la red social X insinuando que la candidatura de Barreras fue resultado de la influencia de su esposo, el político Sergio Gutiérrez Luna.
El TEPJF determinó que dicho comentario constituía violencia política en razón de género, al minimizar la trayectoria de la legisladora y reforzar estereotipos sexistas.
La sanción
Como parte de la sanción, Karla María Estrella está ahora en el registro de personas sancionadas, se le aplicó una multa económica y se le obligó a publicar una disculpa diaria en redes sociales dirigida a “Dato Protegido”, para preservar la identidad de la víctima.
Esta medida provocó una ola de reacciones en redes, donde el hashtag #DatoProtegido se volvió tendencia, generando memes y críticas sobre la proporcionalidad del castigo.
La Presidenta le entra al tema
Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la sanción como “un exceso”, subrayando que “el poder es humildad, no soberbia”.
En respuesta a la controversia, Barreras emitió un comunicado en el que expresó que la primera disculpa fue suficiente para ella y que su intención nunca fue humillar, sino visibilizar una forma común de agresión contra las mujeres en política.
“Lo que se dijo sobre mí jamás se habría dicho de un hombre. Históricamente, el argumento de que los logros de las mujeres son producto de ‘estar casadas con alguien’ se ha utilizado para invisibilizar nuestros méritos”, declaró la diputada.
Promete libertad de expresión
Barreras reafirmó su compromiso con la libertad de expresión, pero también con el derecho a una vida libre de violencia. Solicitó formalmente al tribunal que considere su postura para cerrar el capítulo, destacando que actuó dentro del marco legal y sin agredir a nadie.
Este caso abrió un debate nacional sobre los límites entre la libertad de expresión y la violencia simbólica en redes sociales, así como el papel de las instituciones en la protección de los derechos políticos de las mujeres.
