El PRI en el Senado alertó sobre la pretensión del gobierno de Morena de cancelar el Programa de Pensión para el Bienestar a adultos mayores, pese a que este derecho está protegido en la Constitución como universal, progresivo y no regresivo.
Indicaron que de acuerdo con notas periodísticas, la Secretaría del Bienestar inició un proceso para dar de baja de manera definitiva a beneficiarios que no recibieron el apoyo en dos bimestres consecutivos.
Señaló que también se busca eliminar a quienes presentaron supuestas inconsistencias administrativas, como errores en la CURP o en las direcciones.
Política social del gobierno
La Pensión Bienestar es una política social clave del Gobierno de México, diseñada para garantizar un ingreso bimestral a adultos mayores de al menos 65 años y desde este año, también a mujeres de entre 60 y 64 años, así como para discapacidad.
En 2025, los montos actualizados son los siguientes:
- Adultos mayores (65+ años): 6, 200 pesos cada dos meses.
- Mujeres Bienestar (60–64 años): 3, 000 pesos cada bimestre.
- Personas con discapacidad: 3, 200 pesos bimestrales.
Una “lista negra”
Los senadores del PRI también señaló la existencia de una “lista negra” de adultos mayores a quienes se cancelará el apoyo de forma irreversible.
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Ante esta situación, los legisladores priistas exhortaron al Ejecutivo Federal y a las secretarías del Bienestar y de Hacienda a informar públicamente sobre los criterios normativos y administrativos aplicados para las bajas definitivas del Programa de Pensión para el Bienestar.
También solicitaron explicar la justificación legal y constitucional de estas medidas, las acciones implementadas para evitar exclusiones arbitrarias, así como los mecanismos de notificación, corrección o apelación para las personas afectadas.
Además, agregaron que pedirán las implicaciones presupuestales que estas decisiones generan sobre el gasto social destinado al programa.
Derecho reforzado en Carta Magna
El grupo parlamentario del PRI subrayó que la reforma constitucional del 8 de mayo de 2024 reforzó este derecho, impidiendo que pueda ser limitado o suprimido de manera discrecional.
“La cancelación definitiva sin vías de subsanación viola los principios de seguridad jurídica, legalidad, igualdad y no discriminación”, señalaron.
Advirtieron que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes más lo necesitan.
“No se puede poner en juego la dignidad ni los derechos de las personas adultas mayores por simples criterios administrativos”, afirmaron.
