La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma que extingue al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La votación concluyó con 353 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones, reflejando el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados del PT y PVEM.
La iniciativa presidencial
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su agenda de “simplificación orgánica del Estado”, establece que el Inegi asumirá la responsabilidad de medir la pobreza, evaluar la política de desarrollo social y emitir recomendaciones técnicas.
También se le encomienda la actualización de los lineamientos y criterios metodológicos para garantizar la continuidad y comparabilidad de los indicadores históricos.
Con la decisión tomada por Morena y sus aliados, se modificaron las leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y a la General de Contabilidad Gubernamental por 353 votos a favor y 126 en contra de la oposición.
Con las modificaciones, se derogan los artículos 75, 76 y 77 de la Ley General de Desarrollo Social, que establecían que los indicadores de resultados deberían reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas sociales.
Dichos indicadores deberían someterse a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que emitan recomendaciones.
Además, confiere al Inegi la facultad de establecer los lineamientos y criterios técnicos para las metodologías de evaluación integral de la Política de Desarrollo Social.
“El Instituto llevará a cabo la actualización de los lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de la pobreza, procurando la homogeneidad y comparabilidad de la información”, establece el dictamen.
En el debate
En el debate, la diputada morenista, Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, defendió la reforma como una “transición inteligente, ordenada y profundamente transformadora”.
Afirmó que la evaluación no desaparece, sino que se “amplía y se democratiza”, y que el Inegi contará con el rigor técnico necesario para proveer evidencia útil para la toma de decisiones públicas.
Sin embargo, la oposición lanzó duras críticas. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron al oficialismo de desmantelar un organismo autónomo que durante casi dos décadas fue referente en la evaluación de la política social.
El diputado panista, Diego Ángel Rodríguez, advirtió que el Inegi, aunque es una institución técnica respetada, no fue diseñado para evaluar políticas públicas ni emitir juicios sobre el desempeño gubernamental.
A su vez, la diputada emecista, Gloria Núñez, denunció que la desaparición del Coneval responde a la incomodidad del gobierno con los datos que revelan rezagos estructurales.
“Uno de cada 10 mexicanos en educación obligatoria está en rezago educativo; 24.3% de las escuelas carecen de agua; y la carencia por acceso a servicios de salud pasó del 15.6% al 23.5% desde 2016”, recordó al citar cifras del propio Coneval.
Además, apuntó, la reforma elimina artículos clave de la Ley General de Desarrollo Social, como el que facultaba al Coneval para corregir, modificar o suspender programas sociales.
También se retira a la Cámara de Diputados la posibilidad de reducir el presupuesto de dichos programas, lo que, según críticos, debilita los mecanismos de rendición de cuentas y control legislativo.
Al Senado para su revisión
El dictamen se turnará al Senado para su revisión, y de ser aprobado, marcará el fin de una institución que, desde su creación en 2006, fue considerada un pilar técnico en la medición de la pobreza y la evaluación de políticas públicas en México.
La discusión ahora se traslada al ámbito público, donde organizaciones civiles, académicos y expertos en desarrollo social externaron su preocupación por el futuro de la transparencia y la evidencia en la toma de decisiones gubernamentales.
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