Sin debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad con 407 votos a favor, el dictamen que prohibe la injerencia de servidores públicos en elecciones sindicales.
Así, las reformas al artículo 69 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el artículo 64 Quáter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Se establece que la contravención a estas disposiciones se considerará falta administrativa grave y sancionada en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativa.
Estos son las especificaciones:
Según las modificaciones, se entenderá como acto de injerencia sindical, entre otras, las siguientes conductas:
- Coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical, o para votar por una planilla, dirigente o sindicato determinado
- Ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados para que expresen públicamente su apoyo o rechazo a determinada candidatura sindical
- Obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo
- Condicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos laborales a la emisión del voto o apoyo hacia una planilla sindical
- Ofrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical
- Negar, suspender o limitar derechos o programas internos, capacitaciones, bonos o reconocimientos como represalia por no apoyar determinada opción sindical
- Utilizar programas institucionales o apoyos sociales para inducir o coaccionar el voto sindical
La diputada de Morena, Sonia Rincón Chanona, aseguró que esta aprobación es un parteaguas para la garantía y progresividad de los derechos laborales de las personas trabajadoras al servicio del Estado.
Ello, al salvaguardar el derecho a la libre sindicalización y elevar la autonomía sindical a rango de ley, blindándola de injerencias perniciosas y corruptas.
Sostuvo que no puede haber justicia social sin dignificación laboral y hoy se es congruente, pues el Estado debe ser el primer garante de los derechos que proclama, por lo que las personas servidoras públicas no pueden ser sus transgresoras.
Con estas reformas, puntualizó Rincón Chanona, se reafirma el compromiso con un sindicalismo libre, autónomo y es reflejo de la congruencia ética y política.
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