La Cámara de Diputados analiza dos iniciativas para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en México: mientras el PVEM propone una reforma constitucional para prohibir el trabajo peligroso y nocturno a los menores de 18 años, el PAN busca aumentar hasta en 50% las penas por secuestro cuando la víctima sea un niño menor de tres años.
Ambas propuestas, que ya se turnaron a las comisiones correspondientes para su dictamen, responden a la necesidad de crear marcos legales más estrictos que prioricen el interés superior de la niñez.
Detalles de la reforma laboral del PVEM
Por un lado, la iniciativa del diputado del PVEM, Ricardo Madrid Pérez, plantea modificar el artículo 123 constitucional para prohibir el trabajo insalubre, peligroso y nocturno a personas menores de 18 años en todos los sectores.
Propone que los adolescentes que trabajen tengan jornadas máximas de seis horas diarias y 36 horas semanales, sin horas extra, además, de la prohibición absoluta de contratar a menores de 15 años.
El legislador justifició que el objetivo es garantizar una infancia libre de trabajo perjudicial, para que los niños tengan tiempo para aprender, jugar y se desarrollen en entornos seguros.
Aseguró que la reforma contribuirá a reducir riesgos de lesiones, explotación laboral y deserción escolar, además de atender de manera particular la situación de las niñas, quienes con frecuencia enfrentan cargas desproporcionadas de trabajo doméstico no remunerado.
Aumento de penas por secuestro de menores, propuesta del PAN
Por su parte, la diputada panista, María del Rosario Guzmán Avilés, presentó una reforma a la Ley General contra el Secuestro que busca aumentar hasta en 50% las penas actuales cuando la víctima sea menor de tres años.
Actualmente, el delito se castiga con 40 a 80 años de prisión; la reforma elevaría estos rangos.
La argumentación se basa en la extrema vulnerabilidad de los bebés y niños pequeños, cuya primera infancia es determinante para su desarrollo.
La iniciativa advierte que cuando niñas y niños son sometidos a experiencias traumáticas o a situaciones de violencia, como la privación ilegal de la libertad, es común que enfrenten consecuencias a largo plazo que pueden marcar el resto de sus vidas.
La iniciativa cita que uno de cada 10 secuestros registrados entre 2015 y 2024 en México tuvo como víctimas a menores de edad.
Enfatiza que el apego en los primeros años de vida es un elemento clave que va más allá de lo emocional, pues durante esta fase existen necesidades biológicas y de salud indispensables, como la lactancia materna, atención médica continua, aplicación de vacunas, así como la supervisión nutricional, todas ellas severamente afectadas en un contexto de secuestro.
